En Somalia, ya se está pagando con el ganado, las cosechas, los medios de vida y la infancia. Mientras los gobiernos se preparan para otro ciclo de negociaciones climáticas y decisiones de financiación, sigue existiendo una dura realidad: los países que menos han contribuido al calentamiento global siguen soportando algunos de sus costes más elevados.
Ibrahim Abdullahi llegó a tener cuarenta camellos. Ahora le quedan seis.
Se encuentra de pie bajo una solitaria acacia en Garbaharey, en el centro-sur de Somalia, observándolos masticar corteza seca porque no hay nada más que comer. Su padre le enseñó a interpretar el terreno: cuándo desplazarse, dónde habría agua y qué nubes traerían lluvia. Esas señales ya no sirven.
El terreno ha cambiado.
Lo que no ha cambiado, ni de lejos, es la respuesta mundial. Durante décadas, Somalia se ha descrito en términos de crisis. Sin embargo, las etiquetas suelen ocultar más de lo que revelan. Lo que están viviendo hoy las comunidades de todo el país no es simplemente otra emergencia humanitaria. Es la convergencia de crisis climáticas, una fragilidad de larga data y una falta crónica de inversión en resiliencia. Y, cada vez más, es la consecuencia de un mundo que se calienta y al que ellos no contribuyeron prácticamente en nada.
La deuda climática ya no es un concepto teórico
La idea de la deuda climática puede parecer abstracta en los debates internacionales. En Somalia, es visible por todas partes. Las últimas evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sitúan a Somalia entre los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Las precipitaciones se han vuelto cada vez más irregulares. Las sequías que antes se producían aproximadamente una vez cada década ahora azotan el país cada dos o tres años. Los períodos de recuperación han desaparecido en gran medida. Las comunidades se enfrentan a un ciclo de crisis, pérdidas y nuevas crisis antes de haber tenido oportunidad alguna de reconstruirse.
Las consecuencias son profundas. Alrededor de 6,5 millones de personas se enfrentan a una situación de hambre de nivel de crisis. Se prevé que más de 1,8 millones de niños y niñas menores de cinco años sufran malnutrición aguda este año, incluidos casi medio millón que padecen malnutrición grave. Al mismo tiempo, la financiación humanitaria sigue reduciéndose, lo que obliga a aplicar difíciles recortes en la ayuda precisamente cuando las necesidades se están agravando.
No se trata de proyecciones futuras, sino de realidades actuales. Sin embargo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los países en desarrollo necesitan entre 310.000 y 365.000 millones de dólares al año para la adaptación de aquí a 2030. La financiación pública internacional actual destinada a la adaptación asciende a unos 26.000 millones de dólares al año. La brecha no es marginal: representa un profundo desajuste entre los compromisos políticos y las realidades vividas.
El debate que falta es el de la resiliencia antes de la crisis
El cambio climático no creó la vulnerabilidad de Somalia. Décadas de conflicto, marginación y erosión institucional debilitaron los sistemas que en su día ayudaron a las comunidades a resistir las crisis.
Halima Nur recuerda cuándo desaparecieron esos sistemas. «Un día había un Gobierno», recuerda. «Al día siguiente solo había armas».
Lo que siguió fue la pérdida de la gobernanza local, las reservas de cereales y los sistemas de alerta temprana: amortiguadores fundamentales que ayudaban a las comunidades a absorber las dificultades y a prepararse para ellas. El cambio climático llegó más tarde, pero a un panorama ya despojado de toda protección. Por eso es importante que gran parte de la financiación internacional siga llegando después de que se produzcan las pérdidas, en lugar de ayudar a prevenirlas.
Las inversiones más eficaces suelen ser las menos visibles: infraestructuras hidráulicas, agricultura resiliente al clima, preparación ante la sequía y sistemas de alerta temprana. Rara vez aparecen en los titulares, pero reconstruyen la resiliencia y evitan que las crisis se conviertan en catástrofes.
Como ha dicho Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: «La financiación climática es el alma de la acción climática. Es lo que convierte los planes en avances y la ambición en medidas concretas».
De la retórica de la resiliencia a la responsabilidad política
Amina Warsame, una anciana de la comunidad, expresa claramente el reto: «No pedimos lástima. Pedimos la oportunidad de alimentarnos por nosotros mismos».
Sus palabras ponen de manifiesto una falla persistente en los debates globales. Las comunidades pueden adaptarse. Pueden innovar. Pueden resistir. Pero la resiliencia sin una inversión significativa acaba convirtiéndose en mera supervivencia. Y la supervivencia tiene límites.
A medida que la atención se centra en las próximas decisiones sobre financiación climática y para el desarrollo, la prueba del liderazgo internacional no se encontrará en textos negociados ni en comunicados cuidadosamente redactados. Se medirá por si la financiación para la adaptación llega a las comunidades que se enfrentan a riesgos climáticos cada vez mayores; por si el apoyo para las pérdidas y los daños se pone en práctica a gran escala; y por si los países vulnerables reciben recursos con la suficiente antelación para reducir el riesgo, en lugar de limitarse a responder a él.
La medida del éxito es muy sencilla
¿Habrá agua cuando llegue la próxima sequía? ¿Sobrevivirán los cultivos a la próxima temporada? ¿Tendrán las familias más opciones de las que tienen hoy?
Para los responsables políticos, los donantes y las instituciones multilaterales, la prioridad debería quedar clara: tratar la financiación para la adaptación no como una ayuda discrecional, sino como un pilar fundamental de la responsabilidad climática. Acelerar la entrega, ampliar el acceso y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades que soportan unos costes que ellas no han generado.
Porque la deuda climática no figura en los balances.
Se mide en vidas, medios de subsistencia y oportunidades perdidas. Y en Garbaharey, Ibrahim Abdullahi sigue cuidando de sus seis camellos. Están de pie.
Por ahora.
Juma Ignatius es asesor sénior de políticas para la acción climática y la reducción del riesgo de desastres en la ONG World Vision, con más de 10 años de experiencia. Dirige la labor de incidencia para reforzar la resiliencia de las comunidades que se enfrentan a crisis climáticas y riesgos complejos.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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