Por Subhra Battacharjee
Directora General, Forest Stewardship Council International
Pocos desafíos en el manejo forestal responsable son tan complejos como proteger a Pueblos Indígenas que viven en aislamiento voluntario. Su supervivencia depende de permanecer sin contacto, mientras que el manejo responsable de los bosques requiere que las voces indígenas participen en decisiones que los afectan. ¿Cómo honrar ambos principios?

El caso de los mashco piro de la Amazonía peruana ilustra el dilema. Este pueblo seminómada se desplaza entre reservas indígenas y bosques de producción permanente. Desde hace más de una década se debate la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios en 240.000 hectáreas para fortalecer su protección. Sin embargo, gran parte de esas tierras están bajo concesiones, lo que ha generado incertidumbre para empresas y comunidades indígenas. Los mashco piro, al vivir en aislamiento, no pueden formar parte del debate.
No se trata de un dilema teórico, sino de un reto que atraviesa los cimientos de la sostenibilidad: cómo aplicar principios éticos cuando resultan casi imposibles de llevar a la práctica.
Los Pueblos Indígenas y la sostenibilidad global
Los Pueblos Indígenas gestionan el 28 % de la superficie terrestre del planeta, incluyendo el 36 % de los bosques intactos y más del 80 % de la biodiversidad mundial. Sus conocimientos y tradiciones son esenciales para la salud de los ecosistemas. Sin embargo, sus derechos siguen siendo frágiles: la tenencia les es negada con frecuencia, son excluidos de la toma de decisiones y desplazados por presiones económicas.

El principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) nació para garantizar que los Pueblos Indígenas puedan decidir sobre actividades que afecten sus tierras y recursos. Es una piedra angular de los derechos humanos y del sistema del FSC. Pero su aplicación resulta imposible en comunidades que han optado por el aislamiento voluntario.
En Sudamérica se han registrado 188 grupos en esta situación, aunque solo 60 son reconocidos oficialmente por los estados. Esta brecha deja a más de un centenar sin protección legal básica, expuestos a concesiones, industrias extractivas y actividades ilegales.

El papel del FSC ante un dilema ético
Algunas organizaciones indígenas han pedido al FSC revocar certificaciones en casos que afecten a pueblos aislados. Otros sostienen que la certificación garantiza estándares más altos, protege la biodiversidad y reduce la explotación ilegal. Ambas posturas reflejan la complejidad del dilema.
El caso de los mashco piro ha evidenciado la falta de preparación de los sistemas actuales. En respuesta, el FSC ha iniciado investigaciones y consultas con comunidades, empresas y gobiernos, que derivan en medidas como mayores restricciones a operaciones cercanas a territorios de pueblos en aislamiento.
Hacia una protección efectiva
Estas acciones no eliminan el dilema, pero representan un paso importante hacia la creación de barreras de protección allí donde la ley aún no llega. Se trata de un desafío extraordinariamente complejo, en el que confluyen leyes, ética y supervivencia.
La existencia misma de estos pueblos cuestiona si la sostenibilidad puede superar su prueba más difícil: proteger a quienes deciden mantenerse al margen. FSC ha optado por enfrentar este reto, convencido de que los bosques solo perdurarán si también lo hacen las personas que los habitan.

Por Subhra Battacharjee
Directora General, Forest Stewardship Council International
Fotografía principal: (Brasil). EFE/Tatiana Nevo/ARCHIVO
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