La transición ecológica ya no se juega solo en los despachos, ni únicamente en los grandes anuncios de inversión verde o en las cumbres climáticas internacionales.
Se juega, sobre todo, en el terreno de la percepción social. En cómo la ciudadanía entendemos, aceptamos -o cuestionamos- los cambios que están transformando la economía, la energía, la movilidad y la vida cotidiana. Y precisamente ahí es donde el cuarto estudio sobre “La percepción social sobre la transición ecológica en España 2026”, impulsado por la Fundación Moeve, el Observatorio de Transición Justa y Red2Red ha aportado una de las instantaneas más completas y valiosas del momento actual.
El informe se ha presentado este miércoles en La Cristalera, en una jornada que ha reunido a representantes institucionales, investigadores y expertos del ámbito climático y social, evidenciando que la transición ecológica necesita datos, escucha y capacidad de adaptación social tanto como necesita renovables, innovación o regulación.
La bienvenida ha corrido a cargo de Teresa Mañueco, directora general de Fundación Moeve, quien ha subrayado la importancia de ofrecer información precisa y rigurosa sobre cómo percibe la ciudadanía este proceso de transformación. Un mensaje especialmente relevante en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la creciente competencia entre prioridades sociales y económicas.
Porque uno de los aciertos del estudio es precisamente evitar las simplificaciones. El informe no presenta una sociedad dividida entre “ecologistas” y “negacionistas”. Lo que muestra es una ciudadanía compleja, consciente de los riesgos climáticos, pero también preocupada por el coste de vida, la vivienda, la incertidumbre económica o la capacidad real de asumir determinados cambios.
Una ciudadanía que sigue creyendo en la transición
En representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha intervenido Judit Carreras García, directora del Instituto para la Transición Justa, reforzando la idea de que la dimensión social será decisiva para el éxito de las políticas climáticas en los próximos años en un momento en el que, desde algunos sectores, se intenta desvirtuar el relato cuestionando los datos científicos. Y no es una cuestión menor, aunque afortunadamente el estudio revela que el reconocimiento del cambio climático sigue siendo ampliamente mayoritario (casi un 78% de la población tiene plena certeza de su existencia), aunque se observa una leve erosión desde 2023.
Ese dato, lejos de interpretarse como un retroceso lineal, debe entenderse como una señal de alerta estratégica. El cambio climático sigue presente en la conciencia colectiva, pero ya no ocupa el mismo lugar prioritario en la agenda emocional y económica de la ciudadanía. La inflación, el acceso a la vivienda o los conflictos internacionales (Irán, Gaza, Ucrania…) compiten hoy directamente con la preocupación climática.
Ahí reside una de las principales conclusiones del estudio presentado por Anabel Suso, de Red2Red, la entidad coordinadora de la investigación. La transición ecológica debe dejar de comunicarse únicamente desde el sacrificio o la urgencia ambiental y empezar a explicarse también desde la utilidad cotidiana, la seguridad económica y la mejora tangible de la calidad de vida.
Y, en realidad, los datos indican que esa oportunidad existe.
Empleo verde, competitividad y autonomía energética
Uno de los aspectos más positivos de este trabajo es comprobar que crece la percepción de la transición ecológica como motor de empleo y desarrollo económico. El 56% de la población cree ya que este proceso servirá para crear nuevos empleos, una cifra que aumenta de forma sostenida desde 2024. En plena discusión europea sobre competitividad, autonomía estratégica e industrialización verde, el estudio demuestra que empieza a consolidarse un imaginario más práctico y menos abstracto de la transición.
Ya no se trata solo de “salvar el planeta”. Se trata también de generar oportunidades económicas, atraer industria, reducir dependencia energética y construir resiliencia social.
Ese cambio de marco resulta especialmente interesante porque conecta con otro de los hallazgos del informe: el agotamiento parcial del relato clásico centrado exclusivamente en el cambio climático. La ciudadanía responde mejor cuando la transición se vincula a beneficios concretos, visibles y cercanos.
Aun así, el respaldo a las tecnologías renovables sigue siendo extraordinariamente alto. La energía solar mantiene un apoyo del 84% y la eólica del 78%, consolidándose como opciones ampliamente aceptadas socialmente. También el hidrógeno verde conserva niveles relevantes de respaldo, alcanzando el 69%.
La importancia de la licencia social
Sin embargo, el estudio incorpora un matiz decisivo que cualquier promotor, administración o empresa debería leer con atención: la diferencia entre el apoyo teórico y la aceptación práctica de las infraestructuras. La “licencia social” emerge así como uno de los conceptos centrales de esta edición. Porque una cosa es apoyar las renovables en abstracto y otra distinta aceptar plantas o instalaciones cerca del entorno residencial. El estudio refleja precisamente esa tensión creciente y abre un debate imprescindible sobre participación ciudadana, ordenación territorial y pedagogía pública.
La transición ecológica justa entra así en una nueva fase de madurez. Ya no basta con desplegar tecnología. Ahora es necesario construir confianza.
Durante la mesa redonda que he tenido el gusto de moderar Lara Lázaro, investigadora principal del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano; Ana Belén Sánchez, directora de Alinnea Climate Action Tank; y Xosé Ramil, director de comunidad de la Asociación Española de Fundaciones y coordinador de Fundaciones por el Clima, han aportado una visión complementaria sobre los retos de gobernanza, participación y legitimidad social.
Una transición más cercana y más justa
Ramil ha recordado además que ya existen 230 entidades implicadas en iniciativas vinculadas al clima desde el ámbito fundacional, una cifra que evidencia cómo la transición ecológica está dejando de ser un asunto exclusivo de gobiernos o grandes empresas para convertirse en un ecosistema mucho más transversal.
Y probablemente esa sea otra de las grandes noticias que deja el estudio: la sociedad española no se está desenganchando de la transición ecológica. Lo que está haciendo es exigir que sea más justa, más comprensible y más compatible con la realidad económica cotidiana.
De hecho, la investigación muestra que las emociones dominantes siguen siendo el interés y la responsabilidad. Incluso cuando aparecen sentimientos de incertidumbre, impotencia o desconfianza, la indiferencia continúa siendo claramente minoritaria. Es decir, la ciudadanía sigue implicada emocionalmente en el debate climático.
Ese matiz resulta especialmente importante. Porque muchas veces se interpreta cualquier descenso en determinados indicadores como una desmovilización social irreversible, cuando lo que reflejan los datos es algo más sofisticado: el paso desde una aceptación abstracta hacia una demanda de concreción, eficacia y equidad.
En positivo
La población sigue apoyando mayoritariamente políticas facilitadoras: rehabilitación energética de viviendas, ayudas públicas, campañas de sensibilización o incentivos para la movilidad sostenible. Lo que pierde apoyo son las medidas percibidas como punitivas o económicamente gravosas.
Y aquí el estudio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión esencial: no existe transición justa sin asequibilidad.
Las barreras económicas aparecen de forma reiterada en prácticamente todos los bloques analizados. Desde la compra de vehículos eléctricos hasta la adopción de hábitos sostenibles o la instalación de tecnologías limpias, el factor renta sigue siendo determinante.
Lejos de debilitar el discurso climático, esta evidencia debería servir para reforzarlo desde una lógica mucho más social. Porque la transición ecológica no podrá acelerarse si amplía desigualdades territoriales o económicas.
Datos para entender el cambio
Precisamente por eso resulta tan relevante la calidad metodológica del estudio. Con más de 3.200 entrevistas representativas realizadas en toda España, el informe permite identificar perfiles sociales, diferencias territoriales y tendencias evolutivas con un nivel de detalle poco habitual en este ámbito.
Además, el análisis no se limita a medir opiniones. Explora vulnerabilidad climática, percepción de riesgo, emociones, gobernanza, movilidad o predisposición al cambio, ofreciendo una radiografía especialmente útil para administraciones, empresas, entidades sociales y comunicadores.
Porque si algo deja claro esta edición de “La percepción social sobre la transición ecológica en España 2026” es que el desafío climático es también un reto de narrativa y social.
La ciudadanía ya no quiere únicamente discursos grandilocuentes sobre neutralidad climática o descarbonización. Quiere saber cómo afectará la transición a su empleo, a su movilidad, a su vivienda, a su salud y a su bolsillo pues “sin apoyo institucional o económico el consenso social no se traduce en acción”.
Al mismo tiempo, los datos muestran que sigue existiendo una base sólida de apoyo sobre la que construir consensos. En un momento de creciente ruido político y fatiga informativa, disponer de estudios rigurosos como este no solo resulta útil. Resulta imprescindible.
Arturo Larena es periodista ambiental y embajador del pacto climático de la UE.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
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