La científica marina de la organización, Helena Álvarez, ha calificado de «sorprendente» esta decisión del ministerio de dar luz verde a los sondeos, que en su opinión son «ilegales» y ponen en peligro una zona de alto interés ambiental y pesquero, con 80 especies marinas protegidas, con valor comercial y turístico.
Álvarez ha señalado que Oceana considera «una ilegalidad» el hecho de que Repsol «haya dividido el espacio a muestrear en nueve zonas«, porque «se han pedido nueve permisos diferentes cuando en realidad se trata de un área entera que afecta a 25 espacios marinos«.
Además, ha apuntado que la organización presentó alegaciones al informe de impacto ambiental de Repsol, un informe «incongruente» que consideraba «una superficie muestreada insuficiente» y que «a todas luces no debería haber sido aprobado por el Ministerio«.
La portavoz de Oceana ha expresado su esperanza en que «el Tribunal Supremo tenga más sensatez y tome una decisión acorde con la importancia de la zona» el próximo 10 de junio, cuando se pronuncie sobre el recurso presentado por las administraciones canarias y organizaciones ecologistas contra las autorizaciones concedidas por el Consejo de Ministros a Repsol.
«Es una inconsciencia destruir esos hábitats en pocos años para favorecer un recurso energético que es finito, altamente contaminante y a todas luces contrario a los objetivos climáticos de España y Europa«, ha concluido. EFE
