Las proyecciones de ventas al 2020 para los 20 medicamentos contra el cáncer más comercializados en el mundo alcanzarían los $71.000 MMUS (Fuente: First, bloomberg). Muchos de esos dólares saldrán del bolsillo de los chilenos y también de los países de Latinoamérica.
No es de conocimiento generalizado que varios medicamentos provienen de recursos genéticos marinos y se desconoce aún más: cuántos de esos son obtenidos en Alta Mar. Esto de debe a la ausencia de regulación internacional más allá de la jurisdicción nacional de los países (200 millas náuticas). Este último tema es igualmente desconocido para la ciudadanía, pero económicamente muy relevante para el futuro de los consumidores. Cada vez que compran una medicina, pagan directamente en su precio parte de los royalties por patentes farmacéuticas. El 90% de estas patentes sobre recursos genéticos marinos pertenecen a 10 países liderados por: EE.UU, Alemania y Japón (Fuente: OMPI).
Esta semana, en Naciones Unidas, tendrá lugar la tercera reunión del proceso que busca la creación de un régimen internacional para la Biodiversidad Marina (BBNJ en inglés), el cual implementará la CONVEMAR (Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar), de la que Chile es parte desde el año 1997. La negociación busca regular la extracción de recursos genéticos marinos y la adopción de un régimen que permita impulsar la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) en Alta Mar, es decir: más allá de las 200 millas náuticas; entre otras materias.
Biodiversidad en alta mar
La prestigiosa Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) recientemente ha planteado que, para asegurar la salud del océano, se requiere que el 30% del océano sea protegido a través de AMPs. En la actualidad, no más del 2% de la superficie global del océano está protegido. Chile ha demostrado un enorme liderazgo en la creación de grandes áreas marinas protegidas en las islas oceánicas, con la creación en 2016 del Parque Marino Nazca-Desventuradas. Lo cual se suma al anuncio de la Presidenta Bachelet, en la Conferencia Our Ocean II (2015), sobre la creación de una AMP de 700 mil km2 en Isla de Pascua. Asimismo, los esfuerzos recientes en planes de manejo, monitoreo-control y vigilancia satelital con programas como: CATAPULT, son señales positivas y contundentes para tener AMPs sólidas.
Se necesitan más esfuerzos nacionales para la creación y manejo de AMPs costeras. Al mismo tiempo, para alcanzar la meta del 30% de protección del océano, se requiere proyectar hacia Alta Mar los esfuerzos por crear más y mejores AMPs. Tal como lo han efectuado países como: Chile (Parque Nazca Desventuradas, y futura AMP en Rapa Nui), Nueva Zelandia (Kermadec Islands), Estados Unidos (Papahānaumokuākea – Hawái), Ecuador (Islas Galápagos) y Costa Rica (Domo Térmico). Se debe hacer eco de esta necesidad en la comunidad mundial, adoptando este futuro tratado internacional.
Recursos pesqueros
Es conveniente subrayar que no existe estudio alguno que cuestione el aporte de las AMPs en la recuperación de la biodiversidad, incluidos los recursos pesqueros. Todo lo contrario, pronto se comprobará también su aporte al combate del cambio climático.

Se requiere la adopción de un tratado con un régimen jurídico, transparente y participativo para la implementación de esta regulación global. Sobre todo, considerando que la batalla futura será por los recursos naturales, muchos de estos, situados en Alta Mar: área marítima que ocupa el 64% de la superficie total del océano.
Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido uno de los líderes latinoamericanos en este proceso y ha efectuado un trabajo coordinado con las instituciones nacionales competentes e inclusivo, lo que ha permitido la participación del sector privado y la sociedad civil. El desafío es seguir en esa línea en el futuro.
La negociación multilateral de abril próximo es de largo plazo y el futuro del precio de los medicamentos, de la creación de nuevas AMPs y de la pesca, dependerán en parte de este ejercicio diplomático. Sus resultados se verán en los próximos años, es claro que la negociación de BBNJ en ONU afectará directamente a la ciudadanía en Chile y Latinoamérica.
(*) Cristian Laborda Mora
Abogado, Experto en Derecho Internacional del Mar
Ex – Jefe Departamento de Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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