La regulación actual obliga a las empresas que cotizan en bolsa a reducir su producción en un 35% de media de aquí a 2040 para mantener las emisiones de CO2 dentro de los objetivos climáticos, lo que haría que “se bloquearan los activos de las empresas, obligándolas a amortizar gran parte de ellos o a liquidarlos por completo” según ha indicado uno de los analistas de Scope Thomas Faeh.
La previsión de una regulación más estricta y los bajos precios del petróleo plantean dudas sobre la calidad de los activos del sector, que ya sufrieron una reducción de 170.000 millones de dólares en el primer semestre del año pasado debido a la crisis de la COVID-19.
Sin embargo, otro de los analistas de Scope encargados del estudio, Marlen Shokhitbayev, asegura que “los balances mejorarán este año, aunque no esperamos una recuperación total a los niveles previos a la pandemia hasta 2022 o 2023”.
A pesar de que la regulación medioambiental es más estricta en Europa, “la elección del presidente Joe Biden ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos globales para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que adelanta los posibles riesgos crediticios” ha afirmado Shokhitbayev.
