La COP31 llega en un momento sombrío, marcado por guerras, democracias amenazadas y estándares de derechos humanos debilitados, así como crecientes daños y pérdidas climáticas, mientras las emisiones continúan en aumento.
En un mundo así, la cumbre del clima de Antalya, Turquía pondrá a prueba nuestra capacidad de cooperar y encontrar respuestas comunes a un problema que ningún país puede resolver por sí solo.
Basta ver lo ocurrido este año en el estrecho de Ormuz. Un conflicto que encareció la energía en casi todo el planeta, afectando el bienestar de parte importante de la población. Esta crisis demuestra que seguir dependiendo de los combustibles fósiles no es únicamente un problema ambiental, es también una fuente de vulnerabilidad económica y un riesgo que limita la soberanía de los países.
La pregunta, entonces, es ¿qué avances han logrado las COP para reducir esta dependencia? Tuvieron que pasar más de tres décadas de negociaciones para que, en 2023, en Dubái, los países acordaran por primera vez llamar a “transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles”. Pero ese primer paso quedó en el aire, ni la COP de 2024 ni la de 2025 lograron construir sobre él.
Frente a ese estancamiento surgieron dos vías paralelas a las negociaciones formales. Por un lado, la hoja de ruta impulsada por la presidencia brasileña de la COP30. Por otro, el proceso iniciado en la Conferencia de Santa Marta, liderado por Colombia y los Países Bajos, que continuarán Tuvalu e Irlanda en 2027. Ambos buscan acelerar la salida de los combustibles fósiles y, aunque no formen parte de las negociaciones oficiales ni tengan el peso de una decisión multilateral adoptada por consenso, demuestran que hay una coalición de países dispuestos a avanzar.
Un logro importante para la COP31 sería que estos procesos recibieran reconocimiento político, que se formalice la continuidad de la hoja de ruta en Antalya y que ambos fuesen insumos clave para el segundo Balance Mundial, que comienza en esta COP y concluirá en 2028.
Lo cierto es que, aun con las negociaciones estancadas, la transición ya está ocurriendo y no puede entenderse simplemente como cambiar una fuente de energía por otra. Obliga a discutir qué modelo de desarrollo queremos promover, qué inversiones priorizar y quiénes deben estar presentes.
Sin participación ni salvaguardas, se corre el riesgo de repetir lo peor del extractivismo, que los territorios del Sur Global sigan siendo la fuente de donde extraer recursos para abastecer el consumo y la calidad de vida del Norte Global.
Una transición injusta, difícilmente será sostenible. Cuando los cambios se imponen sin participación, sin respetar los derechos de las comunidades ni garantizar beneficios locales, pueden surgir conflictos, litigios y rechazo social capaces de retrasar o paralizar los proyectos. No se trata solo de un argumento ético, también supone un riesgo para los gobiernos y las empresas que la impulsan.
En cumbre del clima de Antalya, los países discutirán cómo avanzar hacia una transición justa que permita fortalecer la cooperación internacional, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades necesarias para hacerla posible.
La puesta en marcha del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés) será uno de los resultados cruciales de esta conferencia y uno de los criterios para medir su éxito. Su funcionamiento deberá conectar las necesidades de los territorios con el financiamiento, la asistencia técnica y la tecnología.
Nada de esto avanzará sin financiamiento, uno de los nudos más difíciles de las negociaciones climáticas. En ese contexto, el nuevo Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático (CFWP, por sus siglas en inglés), acordado en la COP30, ofrece una oportunidad para que los países desarrollados cumplan con sus obligaciones de proveer recursos, de manera predecible y de calidad.
Para lograrlo, será necesario ir más allá de las discusiones de procedimiento, supone identificar los mecanismos y las medidas que aseguren la disponibilidad oportuna de los recursos y reduzcan las barreras que dificultan su acceso.
El desafío no es solo movilizar el financiamiento, es lograr que llegue a quienes lo necesitan. Hoy aún es poco el que reciben directamente los territorios, buena parte se queda en intermediarios, requisitos de acreditación y procedimientos complejos que dificultan el acceso de muchas organizaciones locales a estos recursos.
Facilitar que los recursos lleguen hasta ellos, puede ayudar a fortalecer y ampliar las iniciativas que ya están en marcha y acercar los acuerdos internacionales a sus necesidades.
Es posible que, una vez más, los resultados de la COP31 sean insuficientes frente a la magnitud de la crisis climática y las divisiones que persisten. Sin embargo, debemos acompañar este proceso y, al mismo tiempo, exigirle resultados.
Cada acuerdo que se traduzca en acciones, cada alianza que se logre entre gobiernos y sociedad civil, y cada decisión que incorpore las prioridades de las comunidades puede acercarnos a una transición más justa.
El cambio climático no esperará a que superemos nuestras diferencias. Enfrentarlo exige demostrar que, incluso en un mundo fragmentado, la cooperación internacional es capaz de producir cambios reales.
Florencia Ortúzar Greene es directora del Programa de Clima, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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