El viernes 2 de febrero, Chile comenzó a vivir su incendio forestal más dramático, cuyas consecuencias siguen sufriendo. La zona centro sur de Chile comenzó a ser pasto de las llamas. Según los expertos, cuatro focos simultáneos comenzaron a quemar terrenos forestales muy próximos a localidades tan conocidas como Viña del Mar, el lugar más turístico del país andino.
Hasta ahora las consecuencias suponen 122 fallecidos, 10.000 viviendas pasto del fuego y 30.000 hectáreas forestales quemadas, una extensión parecida a la del primer incendio que se desató en la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022.
La pregunta que nos hacemos es: ¿Puede ocurrir esta tragedia en España? La respuesta es SÍ.
Chile está en pleno verano austral, con una ola de calor que ha alcanzado los 36 grados en la capital chilena.
La conjunción de altas temperaturas, vientos de hasta 60 km por hora, baja humedad, mucha lluvia en el invierno (que favoreció el crecimiento de la vegetación herbácea en la zona centro-sur del país, que ahora está seca y es de fácil combustión), pero que no llegó a paliar la sequía que arrastra, y fenómenos como el Niño que calienta un océano cada vez más cálido; y además de todo eso, un elemento aún por confirmar: la mano malintencionada de personas detrás de los cuatro focos simultáneos que rápidamente prendieron por una meteorología tan favorable.
Y otro elemento no menos relevante: un 70% de las viviendas eran irregulares y sólo el resto, un 30%, figuraban oficialmente en el servicio de Vivienda y Urbanismo. Aún se están actualizando las consecuencias dramáticas.
Bosques y montes en España
España es uno de los países más forestales de Europa y uno de los que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Con este panorama, bosques y montes de matorral se convierten en potenciales bombas de fuego.
Hasta el momento, las administraciones van teniendo buenos planes de extinción y medios humanos y materiales suficientes y bien preparados. Ante el mínimo riesgo, lo prioritario es el desalojo de las localidades amenazadas.
Y hasta el momento hemos conseguido evitar la destrucción de poblaciones enteras, aunque sí se hayan producido daños catastróficos y algunas muertes irreparables.
Sin embargo, hay zonas en España con urbanizaciones enclavadas en el interior de bosques y masas forestales y pueblos casi abandonados en los que huertos y campos próximos se han llenado de broza y matorral, que en caso de incendio podrían verse muy comprometidos.
Y por ello respondemos claramente de manera afirmativa. Sí, lo que está ocurriendo en Chile y antes sucedió en el Norte de Portugal, en California o en Hawái, podría pasar en España.
La situación se complica cuando las evacuaciones se ven dificultadas por atascos en caminos y carreteras y si han surgido focos intencionados en puntos peligrosos estratégicos.
En esos casos puede no haber opciones de disponer corredores de salida alternativos. En condiciones meteorológicas extremas, el riesgo sería altísimo en numerosas comarcas y los servicios de extinción y salvamento podrían verse desbordados.
Concretamente, existen zonas en la interfaz urbano-forestal en la zona mediterránea y en zonas de montaña, con altísimo riesgo. Todos conocemos localidades costeras con urbanizaciones en las laderas que disfrutan de vistas espectaculares.
Pero si un foco prende ladera abajo, el viento podría rápidamente alcanzar las laderas, sin mucho tiempo para la evacuación.
Planes de emergencia
La ONG ecologista Greenpeace señalaba en 2018 que tan sólo un 20% de las localidades con riesgo alto tenían un plan de emergencia. Según ese estudio sólo cinco de las 17 comunidades autónomas tienen planes de prevención de incendios forestales, pero son escasos y no se asegura la implementación.
Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora sufren el 51,57% del total anual de los incendios, pero obtienen una nota de deficiente o muy deficiente en su planificación.
Los selvicultores siempre decimos que los incendios deben apagarse en invierno. Es decir, la planificación, las labores forestales, la prevención, el estudio de nivel de riesgo… todo eso debe hacerse durante el invierno.
La palabra es prevención. Prevención siempre.
Y por supuesto, es vital que las administraciones locales, y especialmente los que tienen un riesgo alto de sufrir cerca un incendio forestal, tengan bien redactado un plan de emergencia y cuenten con recursos para ello.
Eso implica que administración y población sepa lo que se debe y cómo actuar en esos casos. Son los ministerios y las comunidades autónomas los que antes deben tomar cartas en el asunto y modificar este estado de cosas.
Pero ellos no lo van a hacer mientras de la sociedad española no surja un clamor para cambiar este estado de cosas y revertir la espiral de abandono a la que antes nos referíamos. Pero no sólo eso.
Gestión
Todos los expertos forestales y unas cuantas asociaciones ecologistas coinciden: hace falta gestionar las masas forestales que tenemos; es decir, ordenarlas con un plan de gestión para garantizar su conservación y su multifuncionalidad, y aprovecharlas de manera regular, generando empleo y riqueza en el monte.
Hay que aprovechar la madera; pero también los demás productos forestales, y especialmente los pastos, con ganado para reducir la carga de matorral. Y para ello se necesitan recursos. Muchos recursos.
Sin inversión y rentabilidad es imposible gestionar y mantener más de la mitad del territorio nacional en condiciones de bajo riesgo.
Es imprescindible que el monte sea rentable y que haya empresas bien dotadas de maquinaria y de los equipos y tecnologías más modernos.
Para desarrollar las múltiples cadenas de valor que pueden mantener los montes y generar paisajes resilientes es clave el papel de los propietarios forestales; pues no podemos olvidar que hay más de cinco millones de familias españolas que son propietarias de dos tercios de los montes del país, sin cuya implicación activa y directa es imposible llevar a cabo esos aprovechamientos y proteger los bosques y las zonas urbanas próximas como requerimos.
Pero es algo que los propietarios forestales (el 67% de los terrenos forestales en España son privados) no pueden hacer solos.
Se necesitan ayudas, inversión pública, una fiscalidad favorable, leyes que favorezcan las concentraciones parcelarias, actualización de los catastros forestales y dotar de títulos de propiedad para acceder al crédito y a sistemas de seguros, y sobre todo un pacto político por los bosques a un plazo medio largo que apueste por la industria forestal y el medio rural.
Los forestales explican la necesidad de revertir la proporción entre extinción y prevención. A mayores actuaciones menos posibilidades de incendios. Un círculo virtuoso que no acaba de llegar.
Necesitamos sobre todo recuperar los vínculos con nuestro territorio; es seguro que muchos querrían hacer algo por el pueblo de sus abuelos y ayudar a mejorar el paisaje: sobre todo si protegen del incendio las casas de sus mayores o sus chalés de veraneo.
Solidaricémonos con Chile, pero pensemos en lo que puede ocurrir en nuestros pueblos y casas el próximo verano.
Apoyemos a los propietarios forestales y sus esfuerzos por recuperar la actividad forestal.
(*) Patricia Gómez Agrela es directora gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE).
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Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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