La agencia de noticias europea France Presse ya dedicó hace meses un artículo entero a aclarar el fake news que volvió a publicar el pasado viernes un medio de comunicación de la Ciudad de México: ni se ha privatizado el acceso al agua de la capital mexicana ni se va a privatizar.
La Ley en la que actualmente trabaja la Comisión Nacional del Agua y en la que tengo el privilegio de colaborar en calidad de especialista en política y legislación de aguas, dice justo lo contrario: lo que se trata es de reforzar la administración y gestión pública del agua, realizar una distribución equitativa del agua entre los usuarios y dar acceso a los que no la tienen, en orden de prioridad, primero el agua para consumo humano, para comunidades y poblaciones que carecen o tienen déficits y luego para otros usos, que también son necesarios para el desarrollo del país.
Asimismo, garantiza los derechos preferentes de agua de los pueblos indígenas. La propuesta tiene una dimensión social muy fuerte y para ello, es necesario revisar el actual régimen de concesiones a través del cual se usa el agua.
Llevo un cuarto de siglo, prácticamente, dedicada a estudiar y a impulsar el Derecho de aguas. Primero lo hice en Europa y desde el año 2005 lo hago desde El Colegio de México. Y desde siempre, mi opinión, y así lo he mantenido desde entonces, es que el acceso público al agua potable para todas las personas sin distinción y garantizada por el Estado no es un derecho negociable. Lo que ocurre es que algunas partes interesadas quieren hacer creer que es así. Y eso es una irresponsabilidad.
Es una irresponsabilidad porque marca un debate público donde no debería haberlo. Tanto las instituciones públicas, desde el gobierno federal, los estados, municipios y las alcaldías, como las organizaciones sociales y consejos empresariales tienen que marcarse como objetivo que no se juegue con el tema, que el agua llegue a todos y que el futuro de los mexicanos pase por mejores condiciones de acceso formal al agua y saneamiento seguros para todos, no importando donde vivan, en el medio urbano, la periferia o en el campo.
Siempre es un orgullo que medios de comunicación nacionales consideren que una servidora tiene la capacidad para determinar el rumbo de una ley, pero, afortunadamente, nuestro sistema jurídico es suficientemente maduro como para que la elaboración de las leyes sea potestad del personal técnico y jurídico de las instituciones y para que nuestro Poder Legislativo lo vote como considere más beneficioso para todos los mexicanos.
La política de aguas en México
Pero en este caso, no trabajo en ninguna una propuesta con el sector privado. Acabo de terminar un libro, titulado La política de aguas en México, a través de sus instituciones (2019) una revisión de un siglo de historia de derecho y política de aguas en México que muestra cómo, paulatinamente, a través de las diversas leyes de aguas se reforzó la gestión pública del agua que marca la Constitución y mi foco está puesto en crear mejores generaciones de académicos y gestores ambientales en la maestría y en el doctorado, que tengan propuestas sociales e innovadoras para la problemática ambiental; eso es El Colegio de México.
Aunque no tenía ningún interés en echar más leña al fuego, aprovecho esta tribuna para dejar claro públicamente que mi labor académica e investigadora, en la que estoy reconocida como SNI II, no pasa por decirle a Conagua lo que debe hacer.
El equipo de la directora Blanca Jiménez es un equipo extraordinario y su liderazgo está permitiendo avances en la política mexicana del agua, especialmente en materia de transparencia de las acciones y de la información, que era tan necesaria.
En 2017 el relator de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y saneamiento, Leo Héller, visitó México, recorrió varias ciudades en el sur, centro y norte del país constatando la situación precaria de acceso al agua de varias comunidades, lo que atenta contra varios derechos humanos y que le permitió emitir recomendaciones al estado mexicano sobre la forma en que se reporta la información, la laxitud para medir avances y la falta de protección de grupos vulnerables (principalmente mujeres e indígenas), evidenciando que aún queda un largo trecho para alcanzar el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible.
La visita a Iztapalapa, la zona más vulnerable de la Ciudad de México la organicé yo desde El Colegio de México. ¿Cómo puede alguien pensar que desde una institución social se proponga la privatización? Mi trabajo es el estudio de la sociedad y sus problemas, y con ella es mi compromiso.
La reforma constitucional al artículo 4° que incorporó el reconocimiento del derecho humano al agua en el 2012 no ha sido desarrollada en leyes secundarias. Aquella reforma solicitaba una nueva Ley general de aguas.
No fue afortunada la redacción de la reforma y es uno de los factores que no ha permitido su reglamentación. Ello, aunado a la politización y la pugna de intereses entre varios sectores, incluidos los que se hacen llamar representantes de la ciudadanía, no permite trabajar en una misma dirección.
Con un nuevo gobierno y una política diferente que se aleja del neoliberalismo, varios temas se retoman para transformarse o sustituirse; entre ellos, el del uso y acceso al agua. Debe ser un tema prioritario de la agenda nacional transformadora, que es en la que debemos trabajar todos juntos.
México tiene problemas serios en esta materia: 105 de los 653 acuíferos de nuestra nación están sobreexplotados según las Estadísticas del Agua en México (2017), los consejos de cuenca han fallado y es imperativo emitir nuevas normas técnicas para medir el uso del agua.
Lo que se ve es que las voces que piden una reforma estructural en el uso y aprovechamiento del agua no son ajenas a intereses políticos o económicos derivando en descalificaciones que no permiten avanzar en una propuesta para el país y en la cual la preservación de los recursos hídricos es fundamental.
No hay desarrollo posible sin agua, no hay respeto a la dignidad sin acceso a agua segura. Sin una regulación justa del agua no hay bienestar. Queremos que se reconozcan los derechos de las comunidades indígenas, se regularice la gestión pública del agua, se prohíba el fracking y se desarrollen infraestructuras prioritarias que favorezcan al acceso al agua.
En México, todos (Conagua, academia, municipios, la empresa, las organizaciones sociales) tenemos el desafío de garantizar el acceso al agua para nueve millones de personas que aún no la tienen y revertir la sobreexplotación. Para eso se habla de una Ley incluyente.
Y a los que prefieren desacreditar con fake news debería darles vergüenza estar más centrados en su grilla que en el desarrollo del futuro de nuestros hijos.
(*) Judith Domínguez, es profesora-investigadora de El Colegio de México y Coordinadora del Observatorio de Seguridad Hídrica de las Américas.
El agua en disputa en la CDMX. Por (*) Judith Domínguez
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a su autor y a EFEverde
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