México está experimentando uno de los cambios más importantes en los últimos cien años. La victoria de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional, o MORENA, tiene visos de representar el comienzo de una auténtica transición democrática.
Una transición democrática que está respaldada por una amplia mayoría. Una mayoría que ha expresado su hartazgo a la forma de gobernar vertical y la falta de consensos. Y sin retrasos, aun cuando el cambio de gobierno formal no ha tenido lugar, el futuro gabinete se ha puesto manos a la obra para una “transición pacífica”. Pero, ¿qué significa está transición en términos ambientales?.
En México, durante décadas hemos tenido una política ambiental que ofrecía instrumentos de protección, principalmente normativos, que cumplía con los compromisos ambientales sobre el papel, pero que ha generado muchos años de descontento social, especialmente cuando entró en vigor la reforma energética, en el año 2013.
El alejamiento del Gobierno mexicano de la sociedad también se hizo evidente en los temas ambientales: el agua, la biodiversidad, los bosques; que fueron objeto de políticas, adecuadas o no, pero que fueron construidas con escasa participación social. Y el fantasma del Gobierno que no escuchó las propuestas sociales destrozó la convivencia en uno de los países más biodiversos del planeta.
Ni duda cabe que la preocupación ambiental es una preocupación social. Y existe un riesgo cuando ante oídos sordos parece no haber otro camino que alternativas radicales que no son viables para países como el nuestro, o se critican las medidas de protección del Gobierno que aun previstas en la ley generan desconfianza y conducen a rechazarlas y al sospechosismo sobre los motivos que le dan origen.
Eso pasó con los decretos de supresión de veda y de reserva de agua que se anunciaron en el Día mundial del Medio Ambiente. ¡Qué locura!
Instrumentos previstos en la legislación de aguas para proteger los recursos hídricos, como reservar el caudal ecológico o agua para consumo humano en los próximos 50 años. Sin embargo, la necesidad de millones de litros de agua que requieren otras actividades económicas, entre ellas la minería y el fracking y la prioridad de la reforma energética, hacen pensar a algunos movimientos sociales que se levantó la veda para estas actividades.
El Gobierno de AMLO tendrá que sopesar a la hora de tomar sus decisiones la necesidad de agua para conservación de ecosistemas, por un lado, y el desarrollo económico y social, del otro.
Dos aspectos que no debieran estar reñidos, pero que lo están cuando las políticas que se desarrollan no se hacen desde la escucha a la gente. Esta vez no debería ser así.
El nuevo Gobierno, y aquellos especialistas designados para ocupar las dependencias ambientales, tendrán que equilibrar sus planteamientos: ni el desarrollo económico es malo, ni somos autosuficientes, y el agua es motor del desarrollo en cualquiera de sus dimensiones.
Es verdad que no podemos extraer o usar indiscriminadamente los recursos naturales, pero tenemos un marco normativo e institucional construido durante décadas o incluso un siglo en el caso del agua.
No vamos a inventar el hilo negro. Más bien, queremos que el nuevo Gobierno consolide y llene vacíos normativos y deficiencias de actuación administrativa.
La transición pacífica y democrática debe reflejarse también aquí: se puede, y en algunos temas específicos, se debe revisar, pero con conocimiento técnico y científico, con opiniones diversas y no pensar que todo el modelo estuvo mal, que hay que cambiar para situarse ahora en el extremo de la participación social.
Porque la participación social es importante y es necesaria pero no lo resuelve todo.
Este es el reto de los problemas ambientales.
En la gestión del agua se verá muy pronto. Como ciudadanos e interesados en el tema, pedimos prudencia. La candidatura de MORENA anunció la anulación de los 10 decretos de levantamiento de veda y de reserva de aguas que emitió Enrique Peña Nieto, el ahora saliente presidente de la República.
Ahora hay que revisar si de verdad existe o no disponibilidad de agua en esas zonas donde tuvo lugar, respaldada por estudios técnicos.
No hay que olvidar que la población crece y demanda agua, al igual que las actividades económicas. Es bueno cuestionar, vigilar y revisar, pero con respaldo científico y técnico.
¿Será agua para el fracking? ¿O es una medida necesaria pues estos decretos de prohibición de uso de agua se aprobaron hace más de 50 años y había que revisarlos?
Parecería normal que si existe agua se utilice, con todas las medidas de protección que se requieran. Si el fallo ha sido la actuación administrativa y no el instrumento, hay que ser prudentes.
Aunque en un país marcado por la pobreza, los abusos y los excesos, llevarlo a cabo sea difícil, la protección ambiental no puede caer en demagogias ni populismo.
La transición aquí requiere de lo técnico, de lo social y de lo jurídico. Y de la buena voluntad de quiénes van ahora a gobernar México.
(*) Judith Domínguez es profesora e investigadora de El Colegio de México y experta en política del agua.
[divider]NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.
Debe estar conectado para enviar un comentario.