Sin embargo, en 2020 se produjo un cambio importante. Por primera vez, disminuyó hasta el 56,3% en el primer semestre de 2021 (tras pasar del 61,1% en 2019, al 58,9% en 2020). El importe de la deuda a través de esta forma de financiación también ha disminuido en términos absolutos, pasando de 180.200 millones de euros en 2019 a 175.700 en el primer semestre de 2021.
Gráfico 13. Deuda de las regiones españolas, por instrumento financiero
En los últimos años, las comunidades autónomas que cumplen con sus objetivos fiscales han vuelto progresivamente a emitir en los mercados de capitales para sustituir parte de la deuda contraída con el Gobierno central. Así, algunas regiones españolas como Madrid, Andalucía, o El País Vasco han colocado con éxito bonos verdes y bonos sostenibles. Tal y como muestra el siguiente gráfico, esta tendencia se ha acelerado en 2020-21.
Gráfico 14. Emisión de bonos ESG
Los bonos verdes y sostenibles pueden mejorar el perfil crediticio de las comunidades de diversas formas. Por ejemplo, gracias a los costes de financiación reducidos y la disminución de su dependencia de los préstamos del Gobierno central. También mediante la diversificación de su cartera de inversores y la ampliación del plazo medio de vencimiento de su deuda.
Así pues, la creciente concienciación del mercado sobre los criterios ESG, el énfasis político de la UE por mitigar el impacto económico y social del cambio climático, la pandemia, y la tendencia a la baja de los tipos de interés a largo plazo, han representado una oportunidad para que las comunidades españolas aprovecharan la creciente demanda de los inversores de bonos ligados al ESG. Esto les ha proporcionado nuevas fuentes de capital a largo plazo.
El estado financiero regional de España en 2022
Los resultados presupuestarios se verán afectados por un gasto estructuralmente elevado. Los recursos del sistema de financiación autonómica (que representan alrededor del 80% de los ingresos de las comunidades) se irán reduciendo. De cara al futuro y ajustando las compensaciones relacionadas con los anticipos fiscales de 2020 y las menores transferencias extraordinarias, los presupuestos regionales dependerán de su capacidad para controlar el gasto, una vez que desaparezcan los costes extraordinarios relacionados con la pandemia.
Sin embargo, una gran parte del aumento del gasto seguirá siendo estructural, al menos la parte correspondiente al pago de los salarios, que representa alrededor del 40% de los gastos de las comunidades.
Los importantes fondos de la UE asignados a las regiones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el programa de Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (React-EU), de unos 11.000 millones de euros, representan una oportunidad clave para financiar un gasto de capital sustancial. Además, supone un mayor apoyo a la recuperación económica, sin sobrecargar las finanzas de estas zonas.
Sin embargo, también representan un reto, dado el historial de escasa capacidad de absorción de fondos de la UE por parte de España. De hecho, ya se han materializado algunos retrasos en los fondos asignados para 2021.
Gráfico 15. Ingresos del sistema de financiación regional
Por otro lado, las comunidades autónomas españolas han aumentado sus emisiones en los mercados financieros, incluso durante la crisis del Covid-19. Sin embargo, prevemos que esta evolución sea desigual entre regiones, ya que las más endeudadas y dependientes del Gobierno central tendrán menos capacidad a corto plazo para recurrir a la financiación externa de forma directa y autónoma.
Las necesidades globales de financiación se mantendrán cerca de los niveles actuales, dado que la regulación de la emisión de deuda regional requiere unas cuentas saneadas, mientras que la asignación de los recursos está prevista exclusivamente para el gasto de inversión.
Esto significa que las emisiones directas de las comunidades sustituirán en su mayor parte la deuda existente. Es probable que los bonos ESG sean una herramienta clave para que las comunidades autónomas recuperen su independencia financiera.
Aun así, son necesarios incentivos adicionales hasta que los bonos verdes y sostenibles de las CCAA españolas alcancen la madurez del mercado, por ejemplo, a través de una nueva «normativa sectorial» para la presentación de informes medioambientales o sociales. El debate en torno a la reforma del marco de financiación autonómica, que debía ponerse en marcha ya en 2014, se ha acelerado en los últimos meses.
El Gobierno presentó en diciembre de 2021 las primeras propuestas para actualizar el cálculo de la «población ajustada», un criterio clave para la redistribución de recursos entre las regiones. Sin embargo, las negociaciones van a ser complejas y largas, dados los intereses fuertemente opuestos entre los grupos regionales. Por un lado, la Comunidad Valenciana, junto con Andalucía y Murcia, exigen un aumento inmediato de los recursos.
Por otro lado, Galicia y otras regiones especialmente afectadas por una demografía más adversa pretenden conservar algunos de los principales aspectos del sistema actual, que se basa en las variables estructurales de la población para asignar los fondos.
Madrid se opone a las propuestas que obligarían a la región a converger sus tipos impositivos con los de otras comunidades.
Mientras, las prioridades de Cataluña a medio plazo siguen orientadas a la consecución de una autonomía adicional, incluso en cuanto a financiación.
(*) Giacomo Barisone es responsable de calificaciones soberanas de Scope Ratings.
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Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde [/box]
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde
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