Historic declines in Antarctic Sea ice, catastrophic floods in East Africa, and now a heatwave in the Amazon region are just the latest indication that the physical impacts of climate change are coming faster than any of us expected.
At next week’s COP28 climate summit, which takes place in the United Arab Emirates, world leaders and negotiators will take a hard look at global efforts to limit global warming to the Paris Agreement’s 1.5C degree target. The conclusion will be that we are nowhere near the 43% reduction in carbon emissions needed by 2030 to achieve that goal.
This will take a complete rewiring of the global economy – from electric vehicles and low-carbon steel to green buildings and fertilizers. The sums involved are colossal, and for emerging and developing countries, the challenge can seem insurmountable. To achieve the transition to net-zero emissions by 2050, they will require some USD 2 trillion per year until 2030, mostly channelled into the energy sector. This represents a five-fold increase over the next seven years of the USD 400 billion in climate investments currently planned.
We're a long way off. After three years marked by the pandemic and public sector indebtedness, most emerging economies have had to cut back on investments to finance the energy transition. In fact, according to a recent UN report, more than 30 developing countries have not recorded a single international investment for renewable energy projects since the Paris Agreement was adopted in 2015.
Obviously, public investments play an important role, and this implies improving the allocation of resources. But nothing will be possible without the massive involvement of the private sector, which excels at producing new technologies and other ingenuous solutions – and holds a huge majority of the capital that’s needed to address climate change. According to a recent IMF analysis, the private sector will need to provide around 80% of the required investment, a proportion that rises to 90% if China is excluded.
The potential impact is huge. At IFC, the private sector arm of the World Bank, we calculate that the climate business can generate $23 trillion in investment opportunities, create 213 million cumulative jobs, and achieve a reduction of 4 billion tons of CO2 in developing countries.
While this sounds simple – to let the market “work its magic” – the solutions to unlocking the market are not. Today, nowhere near enough capital is flowing to emerging markets. Perceived risks, foreign exchange constraints, a lack of renewable energy procurement programs, and a lack of proper regulations that put a price on emitting greenhouse gases, all inhibit investment.
Governments must play their role and the politics of this are not easy. They must rapidly end fossil fuel subsidies and redirect these funds towards incentives for green technologies. To maintain political support, they must make sure the distributional aspects ensure the impacts are progressive. And they must improve policies and regulations to help climate investments flow into things like renewable energy or green buildings. In India for example, thanks to good policies and a proactive renewables procurement program, solar power has grown to scale and the power they generate is cheaper than the power from coal projects.
As the leading international development institution dedicated to the private sector, IFC is developing a pipeline of investible climate projects, blending concessional funds to de-risk and lower the cost of first-mover investments, and mobilizing institutional private capital at scale.
We need much more collaboration between governments, private companies, and non-profits to advance this agenda. That is why COP28 matters: to push political commitments, to build new partnerships, and to commit capital with urgency and scale.
(*) Jamie Fergusson is the director of the Climate Business Department at IFC.
El sector privado: Un aliado clave en la lucha contra el cambio climático. Por (*) Jamie Fergusson
La disminución histórica del hielo en el mar Antártico, las inundaciones catastróficas en África Oriental y ahora una ola de calor en la región amazónica: estos son sólo los últimos indicios de que los efectos físicos del cambio climático se están produciendo más rápidamente de lo que ninguno de nosotros esperaba.
La próxima COP28, que se celebrará en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos la próxima semana, marcará un hito ya que se realizará el primer balance mundial del Acuerdo de París. Los líderes y negociadores mundiales analizarán a fondo los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento global de acuerdo con el objetivo de 1,5 grados centígrados. La conclusión será que no estamos ni cerca de la reducción del 43% de las emisiones de carbono necesaria para 2030 para alcanzar ese objetivo.
Para ello será necesario reorganizar por completo la economía mundial, desde los vehículos eléctricos y el acero con bajas emisiones de carbono hasta los edificios y fertilizantes ecológicos. Las sumas implicadas son colosales y, para los países emergentes y en desarrollo, el reto puede parecer insuperable. Para lograr la transición a emisiones netas cero en 2050, necesitarán unos 2 billones de dólares al año hasta 2030, canalizados en su mayor parte hacia el sector energético. Esto representa quintuplicar en los próximos siete años los 400.000 millones de dólares en inversiones climáticas previstas actualmente.
Falta mucho. Después de tres años marcados por la pandemia y el endeudamiento del sector público, la mayoría de las economías emergentes han tenido que recortar las inversiones para financiar la transición energética. De hecho, según un reciente informe de la ONU, más de 30 países en desarrollo no han registrado ni una sola inversión internacional para proyectos de energías renovables desde que se adoptó el Acuerdo de París en 2015.
Obviamente, las inversiones públicas desempeñan un papel importante, lo que implica mejorar la asignación de recursos. Pero nada será posible sin la participación masiva del sector privado, que destaca en la producción de nuevas tecnologías y otras soluciones ingeniosas, y posee la mayor parte del capital necesario para hacer frente al cambio climático. Según un reciente análisis del Fundo Monetario Internacional, el sector privado deberá aportar en torno al 80% de la inversión necesaria, proporción que se eleva al 90% si se excluye a China.
El impacto potencial es enorme. En la Corporación Financiera Internacional (IFC, según sus siglas en inglés), el brazo del sector privado del Banco Mundial, calculamos que se puede generar 23 billones de dólares en oportunidades de inversión, crear 213 millones de empleos acumulativos y lograr una reducción de 4.000 millones de toneladas de CO2 en los países en desarrollo.
Aunque parezca sencillo -dejar que el mercado "haga su magia"-, las soluciones para desbloquear el mercado no lo son. En la actualidad, los mercados emergentes no reciben ni de lejos el capital necesario. Los riesgos percibidos, las restricciones de divisas, la falta de programas de adquisición de energías renovables y la ausencia de normativas adecuadas que pongan precio a la emisión de gases de efecto invernadero inhiben la inversión.
Los gobiernos deben desempeñar su papel y la política al respecto no es fácil. Deben acabar rápidamente con las subvenciones a los combustibles fósiles y reorientar esos fondos hacia incentivos para las tecnologías verdes. Para mantener el apoyo político, deben asegurarse de que los aspectos distributivos garanticen que los impactos sean progresivos. Y deben mejorar las políticas y normativas para ayudar a que las inversiones climáticas fluyan hacia proyectos como las energías renovables o los edificios verdes. En la India, por ejemplo, gracias a buenas políticas y a un programa proactivo de contratación de energías renovables, la energía solar ha crecido a escala y la energía que genera es más barata que la de los proyectos de carbón.
Como principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado, la Corporación Financiera Internacional está desarrollando una cartera de proyectos climáticos invertibles, combinando fondos en condiciones favorables para reducir el riesgo y el coste de las primeras inversiones, y movilizando capital privado institucional a gran escala.
Necesitamos mucha más colaboración entre gobiernos, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro para hacer avanzar esta agenda. Por eso es crucial la COP28: para impulsar compromisos políticos, crear nuevas asociaciones y comprometer capital con urgencia y a gran escala.
(*) Jamie Fergusson es director del Departamento de Negocio Climático de la Corporación Financiera Internacional (IFC, según la sigla en inglés).
Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de Medio Ambiente y Ciencia en EFEnoticias y EFEverde
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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