Por Jamie Fergusson
En la madrugada del 12/13 de diciembre, el telón cayó en Dubái y la cumbre climática COP28 se cerró con un acuerdo histórico. Por primera vez en tres décadas de negociaciones sobre el clima, este acuerdo insta explícitamente a las Partes a “abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa”. Aunque no se requiere su eliminación completa, casi 200 países se comprometieron a esbozar planes concretos para abandonar el carbón, el petróleo y el gas. No es poca cosa, dado el reto que esto representa y las tensiones que marcaron esta COP.
La noticia llegó en medio de un torrente de titulares. El primer día, las Partes pusieron en marcha y empezaron a financiar el tan esperado Fondo de Pérdidas y Daños para ayudar a los países vulnerables que más sufren los efectos del cambio climático. Al final de la COP, el fondo había recibido promesas por más de 700 millones de dólares. Poco después, más de 100 países se comprometieron a triplicar la capacidad mundial de energías renovables y a duplicar la eficiencia energética para 2030.
Aunque el progreso fue histórico, también resulta insuficiente. En la COP28 se aprobó el primer Inventario Mundial en el marco del Acuerdo de París, en el que la ciencia demuestra la necesidad de aplicar reducciones profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero, en contraste con el crecimiento continuo de estos contaminantes.
La COP28 se distinguió por el compromiso y la innovación del sector privado en todos los aspectos de la acción climática, desde los edificios ecológicos hasta las energías renovables, pasando por el manejo óptimo del agua y la salud. Esto se puso especialmente de manifiesto en el exitoso Foro Empresarial y Filantrópico, en el que participó la Corporación Financiera Internacional (IFC según la sigla en inglés, el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial), que se celebró en paralelo a la Cumbre de jefes de Estado los primeros días de la COP.
Se trata de una excelente noticia, y de una necesidad absoluta, dados los enormes recursos financieros que se necesitan para hacer frente a la crisis climática de proporciones existenciales. Según el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática, para alcanzar los objetivos actuales de desarrollo y clima, las inversiones anuales tendrán que pasar de 550.000 millones de dólares en 2019 a 2,4 billones de dólares en 2030.
En la COP hablé con los directores ejecutivos de muchos de los clientes del sector privado a los que IFC está apoyando en su transición climática: desde empresas que invierten en acero bajo en carbono hasta líderes en energías renovables y movilidad eléctrica. La realidad es que, si bien el proceso de la COP sirve de brújula crítica para la humanidad, debe traducirse en cambios en la economía real que solo pueden lograrse mediante la innovación y la potencia financiera del sector privado.
Lo que escucho de las empresas es que están tomando medidas contra el calentamiento global porque es bueno para el negocio, y porque las oportunidades de inversión son reales. En IFC hemos calculado, por ejemplo, que la ecologización de las cadenas de valor de la construcción representa una oportunidad de inversión privada de 1,5 billones de dólares en los mercados emergentes entre 2022 y 2035.
Pero también he oído decir a los directores ejecutivos que las empresas no pueden impulsar la transformación con la escala y la urgencia que exige la crisis climática a menos que los gobiernos proporcionen la normativa y los incentivos necesarios.
Lo más importante que pueden hacer los países es poner precio al carbono. En lugar de dictar quién debe reducir las emisiones, dónde y cómo, los gobiernos pueden fijar un precio al carbono y enviar una señal económica para que las empresas decidan por sí mismas si dejan de contaminar, reducen las emisiones o siguen contaminando y pagan por ello.
Esto influiría en todas y cada una de las decisiones económicas y desencadenaría la reconfiguración fundamental de la economía mundial que se necesita para lograr la reducción del 43% de las emisiones para 2030 que exige el Global Stocktake.
Nuestro punto de partida es exactamente el contrario: en la mayor parte del mundo subvencionamos los combustibles fósiles. Esto se tiene que acabar. Ahora. Aunque ha habido algunos ejemplos de países en los que las subvenciones a los combustibles fósiles se han reducido gradualmente o se han orientado mejor -como Egipto, India y Túnez-, también ha habido casos entre los países emergentes de reversiones o aplazamientos de políticas sustentables, lo que ha llevado a un aumento de las subvenciones mundiales a los combustibles fósiles en 2022. Eliminarlas es crucial para al menos nivelar el terreno de juego, permitiendo que las tecnologías de energías renovables y más limpias compitan más eficazmente y contribuyan a una combinación energética diversa y sostenible.
Entretanto, para mantener la confianza entre el Norte y el Sur y para que el mundo siga avanzando unido en la respuesta al cambio climático, la transición debe ser justa y equitativa. Aquí es donde los retos del desarrollo económico y la reducción de la pobreza se encuentran con los retos de la respuesta al cambio climático. Es también donde IFC desempeña un papel vital llevando al sector privado hacia un crecimiento bajo en carbono, resiliente e integrador en los mercados emergentes. Hoy en día en los países en desarrollo 775 millones de personas aún carecen de acceso a la electricidad, lo que frena el potencial humano y el crecimiento económico. Por eso tenemos que acelerar la transición a las energías renovables, que representarán más del 90% de la nueva capacidad energética añadida en todo el mundo en los próximos 5 años, superando al carbón como mayor fuente de energía para 2025, según la Agencia Internacional de la Energía.
Las empresas no pueden hacer frente al cambio climático por sí solas, y no sin una importante regulación e incentivos de los gobiernos. Y las economías emergentes necesitarán un enorme apoyo del mundo desarrollado para que la transición sea equitativa. Pero debemos congratularnos de que un número creciente de presidentes de empresas afirmen que ha llegado el momento de que desempeñen su papel y de que el sector privado se esté convirtiendo en una voz más fuerte a la hora de buscar la respuesta reguladora y el precio del carbono que se necesitan.
El mundo debe desplegar todas las herramientas a su alcance para proteger nuestro clima. Ninguna institución puede llevar a cabo esta transición por sí sola. Necesitamos un esfuerzo sin precedentes -de los sectores privado, público y civil- para catalizar y financiar el futuro resiliente, ecológico e integrador que exige nuestra responsabilidad climática compartida.
(*) Jamie Fergusson es director del Departamento de Negocio Climático de la Corporación Financiera Internacional (IFC, según la sigla en inglés).
COP28: the hard work starts now. By Jamie Fergusson
In the early hours of December 12/13, the gavel fell in Dubai as the COP28 climate summit closed with a historic agreement. For the first time in three decades of climate negotiations, the deal explicitly called on Parties to be “transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner”. While this stopped short of calling for a complete phase-out, nearly 200 countries committed to outlining concrete plans to move away from coal, oil, and gas. It was no small feat, given the challenge this represents and the tensions that marked this particular COP.
The news came amid a torrent of headlines. On day one, the Parties operationalized and began funding a long-anticipated Loss and Damage Fund to assist vulnerable nations suffering severe impacts from climate change. By the end of the COP, the fund had received pledges of over $700 million. Shortly thereafter, more than 100 countries pledged to triple the world’s renewable energy capacity and to double energy efficiency by 2030.
But while the progress was historic, it was equally inadequate. The first Global Stocktake under the Paris Agreement was approved at COP28, with the science showing the need for deep, rapid, and sustained reductions in greenhouse gas emissions, in contrast to the reality of continued growth in these pollutants.
COP28 distinguished itself with the private sector’s engagement and innovation in every aspect of climate action, from green buildings to renewable energy to water, and health. This was particularly evident in the highly successful Business and Philanthropy Forum,
for which the International Financial Corporation (IFC, the private-sector arm of the World Bank Group) was a delivery partner, which ran in parallel to the heads of state World Climate Action Summit in the first days of the COP.
This is excellent news, and an absolute necessity, given the enormous financial resources we need to tackle this climate crisis of existential proportions. According to the Independent High-Level Expert Group on Climate Finance, to meet current development and climate goals, annual investments will need to increase from $550 billion in 2019 to $2.4 trillion by 2030,
At the COP, I spoke with the CEOs of many of the private sector clients that IFC is supporting in their climate transition: from companies investing in low-carbon steel to leaders in renewables and electric mobility. The reality is that while the COP process serves as a critical compass for humanity, it must translate into changes in the real economy that can only be achieved through the innovation and financial firepower of the private sector.
What I hear from companies is that they are taking climate action because it is good for business, and the investment opportunities are real. At IFC, we have calculated, for example, that greening building value chains represents a $1.5 trillion private investment opportunity in emerging markets between 2022 and 2035.
But I also heard from CEOs that companies can’t drive the transformation with the scale and urgency that the climate crisis demands unless governments provide the regulations and incentives needed.
The single most important thing countries can do is price carbon. Rather than dictating who should reduce emissions where and how, governments can set a price on carbon and send an economic signal so that companies decide for themselves whether to stop polluting, reduce emissions, or continue to pollute and pay for it. This would influence every single economic decision and trigger the fundamental rewiring of the global economy that is needed to achieve the 43% emissions reduction by 2030 required by the Global Stocktake.
Our starting point is the exact opposite of this: in most of the world, we subsidize fossil fuels. This has to end. Now. While there have been some examples of countries where fossil fuel subsidies have been gradually reduced or better targeted - such as Egypt, India, and Tunisia -, there have also been cases among emerging countries of policy reversals or postponements, leading to an increase in global fossil fuel subsidies in 2022.
Removing them is crucial to at least level the playing field, allowing renewable and cleaner energy technologies to compete more effectively and contribute to a more diverse and sustainable energy mix.
Meanwhile to maintain trust between the global North and South, and to keep the world moving together on climate response, the transition needs to be just and equitable. This is where the challenges of economic development and poverty reduction meet the challenges of climate response. It is also where the IFC plays a vital role in catalyzing the private sector toward low-carbon, resilient, and inclusive growth in emerging markets. Today, in developing countries, 775 million people still lack access to electricity, holding back human potential and economic growth. This is why we have to accelerate the transition to renewable energy, which will account for over 90 percent of new power capacity added globally over the next 5 years, overtaking coal as the largest power source by 2025, according to the International Energy Agency.
Companies cannot tackle climate change on their own, and not without major regulation and incentives from governments. And emerging economies will need huge support from the developed world to make the transition equitable. But we should welcome the fact that a growing number of CEOs are saying it's time for them to play their part and that the private sector is becoming a stronger voice in seeking the regulatory response and price on carbon that is needed.
The world must deploy all the tools at its disposal to protect our climate. No single institution can deliver this transition alone. We need an unprecedented effort – across private, public, and civil sectors – to catalyze and fund the resilient, green, and inclusive future that our shared climate responsibility demands.
(*) Jamie Fergusson is the director of the Climate Business Department at IFC.
Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
Otras tribunas de Creadores de Opinión Verde (#CDO)
Este blog de "influencers verdes" ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de "nuevos formatos".
Debe estar conectado para enviar un comentario.