Consciente de que la transición hacia una economía circular exige reducir el vertido y maximizar el aprovechamiento de los recursos, la Unión Europea ha fijado objetivos cada vez más ambiciosos en materia de reciclaje y gestión sostenible de residuos.
La finalidad es clara: disminuir la eliminación de residuos en vertedero, impulsar la recuperación de materiales y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible.
Sin embargo, alcanzar esos objetivos exige algo más que voluntad política y nuevos objetivos normativos. Requiere disponer de las infraestructuras necesarias para gestionar adecuadamente los residuos a lo largo de toda la jerarquía de tratamiento.
La transición hacia una economía circular no depende únicamente de lo que se legisla, sino también de la capacidad real de los Estados miembros para transformar esas obligaciones en soluciones operativas.
España comparte plenamente esta ambición y está jurídicamente obligada a cumplir los objetivos europeos. Durante los últimos años se han producido avances significativos en materia de recogida separada y reciclaje, pero nuestro país continúa dependiendo del vertedero en una proporción superior a la de los Estados miembros más avanzados.
Reducir esa dependencia constituye uno de los principales desafíos ambientales de la próxima década.
Tres ejes para la circularidad
La realidad es que, incluso en los sistemas más avanzados, sigue existiendo una fracción de residuos que no puede ser reutilizada ni reciclada. La economía circular no elimina completamente la necesidad de tratamiento final; simplemente reduce progresivamente su volumen.
Por ello, alcanzar los objetivos europeos requiere actuar simultáneamente sobre tres ejes complementarios: prevenir la generación de residuos, maximizar la reutilización y el reciclaje, y garantizar una gestión adecuada de los residuos no reciclables.
Es precisamente en este último ámbito donde la valorización energética desempeña un papel esencial. Estas instalaciones permiten tratar de forma segura los residuos no reciclables, recuperar energía y evitar su eliminación en vertedero.
La experiencia de numerosos países europeos demuestra que las mayores tasas de reciclaje y los menores niveles de vertido no se alcanzan sustituyendo unas opciones por otras, sino mediante una combinación equilibrada de prevención, reciclaje y valorización energética.
De hecho, uno de los principales retos de España no es únicamente normativo: es un reto de capacidad instalada. Para aproximarse a los objetivos europeos de reducción del vertido previstos para 2035 será necesario seguir mejorando la recogida separada y el reciclaje, pero también desarrollar nuevas infraestructuras capaces de tratar los residuos que inevitablemente continuarán generándose.
El verdadero cuello de botella para alcanzar los objetivos europeos es, en gran medida, la insuficiente capacidad de tratamiento disponible.
En este contexto adquiere especial relevancia el debate actualmente abierto sobre la posible inclusión de las instalaciones de valorización energética municipal dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS).
La cuestión merece una reflexión profunda porque puede plantear una paradoja regulatoria. Mientras la Unión Europea exige acelerar la reducción del vertido y reforzar las capacidades de tratamiento de residuos, se estudia la posibilidad de introducir una carga económica adicional sobre una de las infraestructuras que resultan necesarias para conseguir precisamente esos objetivos.
Costes del EU ETS en España
Las estimaciones realizadas para el sector indican que la inclusión plena de la valorización energética en el mercado europeo de carbono podría representar costes asociados al carbono fósil de entre 80 y 120 euros por tonelada de CO₂.
En el caso de las instalaciones españolas, los análisis disponibles apuntan a que el impacto económico podría superar los 100 millones de euros anuales desde los primeros años de aplicación efectiva y acercarse a los 270 millones de euros anuales hacia 2040, en función de la evolución del precio de los derechos de emisión.
Sin embargo, la cuestión más relevante no reside en la magnitud de estas cifras, sino en sus consecuencias. Cada euro destinado a afrontar costes regulatorios recurrentes es un euro que deja de invertirse en nuevas infraestructuras de tratamiento, en instalaciones de recuperación de materiales, en mejoras de eficiencia o en nueva capacidad para reducir el vertido.
La experiencia demuestra que la eficacia de una regulación no debe medirse únicamente por sus intenciones, sino por sus resultados. Si una medida diseñada para contribuir a los objetivos climáticos termina ralentizando las inversiones necesarias para abandonar el vertedero, el resultado podría ser contrario al perseguido.
Este riesgo resulta especialmente relevante porque la valorización energética constituye una alternativa ambientalmente preferible al vertedero para la gestión de residuos no reciclables.
Mientras las plantas de valorización generan principalmente emisiones de CO₂ asociadas a la fracción fósil de los residuos, los vertederos producen emisiones de metano durante décadas.
Este gas posee un potencial de calentamiento global muy superior al del dióxido de carbono y constituye una de las principales fuentes de emisiones del sector residuos en Europa.
Cautela
Por ello, cualquier medida que reduzca la competitividad de la valorización energética frente al vertedero debe analizarse con extraordinaria cautela. En aquellos Estados miembros donde todavía existe un déficit de infraestructuras de tratamiento, una aplicación prematura del EU ETS podría dificultar precisamente las inversiones que Europa necesita para reducir el vertido.
La cuestión de fondo no es si la valorización energética debe contribuir a los objetivos climáticos europeos. Nadie cuestiona esa necesidad. La cuestión es cuándo y bajo qué condiciones debe producirse dicha incorporación para garantizar la coherencia entre los objetivos climáticos y los objetivos de economía circular.
La secuencia regulatoria importa. Resulta difícil acelerar el despliegue de nuevas infraestructuras y, simultáneamente, incrementar de forma significativa los costes sobre las instalaciones llamadas a hacer posible esa transformación.
Antes de imponer nuevas cargas regulatorias, resulta imprescindible garantizar que existen alternativas suficientes para evitar que los residuos terminen siendo eliminados en vertedero.
Por este motivo, diversas asociaciones sectoriales de países como España, Francia o Bélgica han trasladado a las instituciones europeas una posición común favorable a excluir, al menos temporalmente, a la valorización energética municipal del ámbito de aplicación del EU ETS.
No se trata de cuestionar las ambiciones climáticas de la Unión Europea, sino de asegurar que su implementación favorezca, y no dificulte, la consecución de los objetivos ambientales que la propia Unión se ha fijado.
Los próximos meses serán decisivos. Las instituciones europeas deberán determinar el futuro encaje de la valorización energética dentro del sistema de comercio de emisiones.
La decisión que finalmente se adopte tendrá consecuencias directas sobre la capacidad de países como España para seguir reduciendo el vertedero y desarrollar las infraestructuras necesarias para cumplir los objetivos europeos.
Porque la transición hacia una economía circular no se logrará únicamente fijando metas más exigentes. Se logrará garantizando que existan las inversiones, las infraestructuras y la capacidad industrial necesarias para cumplirlas.
Si el objetivo es reducir el vertido, aumentar la circularidad y minimizar las emisiones, las políticas públicas deben incentivar las soluciones que permiten avanzar en esa dirección.
De lo contrario, existe el riesgo de dificultar el camino hacia los objetivos perseguidos y prolongar la dependencia de la opción de gestión que Europa precisamente quiere dejar atrás: el vertedero.
Joaquín Pérez Viota es presidente de AEVERSU.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
Otras tribunas de Creadores de Opinión Verde (#CDO)
Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».
Debe estar conectado para enviar un comentario.