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Mientras los negociadores del clima se reúnen en los Emiratos Árabes Unidos para iniciar la COP28, el último informe sobre las “Perspectivas de la energía en el mundo” publicado por la Agencia Internacional de la Energía, informa de que la inversión en energías limpias ha aumentado un 40% desde 2020, y que en 2023 se alcanzarán más de 500 gigavatios de capacidad de generación de energías renovables.
Además, se están gastando más de 1.000 millones de dólares al día en el despliegue de energía solar, y la capacidad de fabricación de componentes clave de energía limpia -como módulos fotovoltaicos solares y baterías para vehículos eléctricos- está aumentando rápidamente.
El optimismo, sin embargo, no debe desencadenar la complacencia. Hasta ahora, los planes nacionales de acción por el clima siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global al objetivo de 1,5 grados centígrados por encima de la era preindustrial.
Uno de los principales factores que podría provocar una calamidad climática es el uso continuado de carbón, petróleo y gas natural: la demanda de combustibles fósiles debe reducirse en una cuarta parte para alcanzar el objetivo de temperatura global.
Por eso es indispensable reducir los billones de dólares en subvenciones contraproducentes que infligen daños medioambientales, como muestra un reciente informe del Grupo del Banco Mundial: “Desarrollo Detox: Reorientar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”.
El gasto público directo en tres sectores - la agricultura, la pesca y los combustibles fósiles- asciende actualmente a 1,25 billones de dólares anuales. Subvencionando sin sentido el consumo de combustibles fósiles, los países gastan ahora unas seis veces más de lo que se han comprometido a movilizar anualmente, de acuerdo con el Acuerdo de París de 2015, para las energías renovables.
En cambio, como señala el informe conjunto de IFC y AIE “Aumentar la financiación privada de la energía limpia en las economías emergentes y en desarrollo”, estos recursos pueden invertirse mejor en prioridades más sensatas: aumentar la capacidad de las energías renovables, multiplicar por tres y hasta por siete la red eléctrica, triplicar la eficiencia energética, facilitar una transición justa y descarbonizar el transporte, que representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía.
Con más de la mitad (55%) de la población mundial residiendo en zonas urbanas, y con 2.500 millones de personas que se espera que se sumen a las ciudades en 2050, acelerar la transición energética en las ciudades es un buen punto de partida.
El 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se generan en las ciudades, mientras que la contaminación atmosférica urbana reduce el PIB en un 5% en las economías de mercado emergentes.
La elaboración de un plan de acción verde ayudaría a los responsables gubernamentales a establecer prioridades entre los proyectos de desarrollo que podrían reportar mayores beneficios climáticos al tiempo que apoyan la creación de empleo, y podría ayudarles a determinar qué proyectos son los más adecuados para la inversión privada, o la colaboración público-privada.
El sector de la construcción representa el 39% de las emisiones mundiales relacionadas con la energía. Al mismo tiempo, se prevé que la superficie construida mundial se duplique de aquí a 2060.
Esto equivale a añadir al mundo una ciudad del tamaño de Nueva York cada mes durante los próximos 40 años. Así pues, el diseño y desarrollo de nuevos edificios que utilicen la electricidad y los recursos hídricos de forma más eficiente, que aprovechen las fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la geotérmica, y que incorporen materiales de construcción con menos emisiones de carbono, como el acero y el cemento ecológicos, ayudaría a construir edificios con menos consumo energético para las próximas décadas.
Por supuesto, no bastará con redirigir los fondos que actualmente (y de forma poco acertada) se destinan a los combustibles fósiles, especialmente en las economías de mercado emergentes. Necesitamos una sólida reserva de proyectos en los que se pueda invertir para movilizar el capital privado, especialmente en los países de renta baja que se ven desproporcionadamente afectados por el cambio climático.
Para principios de la década de 2030 se necesitarán entre 80.000 y 100.000 millones de dólares anuales de financiación en condiciones favorables para triplicar las inversiones en energías limpias en los mercados emergentes.
Ahora que se agota el tiempo, se necesitan enfoques o plataformas programáticas escalables y reproducibles, iniciativas que incorporen garantías y mecanismos de riesgo compartido y que se desarrollen en colaboración con bancos comerciales, inversores institucionales y compañías de seguros.
Estos enfoques deben armonizar las normas, mejorar la previsibilidad, aumentar el nivel de información y comprensión de los riesgos por parte de los financiadores comerciales, reducir los costes y fomentar las inversiones y las nuevas industrias locales.
El reto puede parecer abrumador, pero abundan los ejemplos de éxito.
La Corporación Financiera Internacional -la rama del Grupo del Banco Mundial dedicada al sector privado- ha financiado más de 22 gigavatios de energías renovables y ha certificado más de 65 millones de metros cuadrados de superficie edificada a través de su programa de construcción ecológica EDGE (“Efficient Design for Greater Efficiency”, o sea, Diseño eficiente para una mayor eficacia).
De cara a la COP28, la Corporación Financiera Internacional se propone colaborar con socios de desarrollo para obtener financiación mixta en condiciones favorables y ampliar nuestra cooperación con nuevos socios e inversores del sector privado, con el objetivo de acelerar y ampliar la adopción de tecnologías limpias.
(*) Diep Nguyen-van Houtte es directora de negocios climáticos en la Corporación Financiera Internacional (IFC, según la sigla en inglés). Trabaja en Washington, DC.
Energy: Stop wasting money on damaging practices. By Diep Nguyen-Van Houtte
As climate negotiators gather in the United Arab Emirates to begin COP28, the latest “World Energy Outlook,” published by the International Energy Agency, reports that investment in clean energy has risen by 40 percent since 2020, and that more than 500 gigawatts of renewable energy generation capacity will be achieved in 2023. In addition, more than US$1 billion per day is being spent on the deployment of solar energy, and manufacturing capacity for key clean-energy components — like solar photovoltaic modules and electric-vehicle batteries — is increasing quickly.
Optimism, however, must not trigger complacency. National climate action plans, so far, remain insufficient to limit global temperature increases to the target of 1.5 degrees Celsius higher than the pre-industrial era. One major factor, driving a potential climate calamity, is the continuing use of coal, oil, and natural gas: fossil-fuel demand must be reduced by one-quarter to meet the global temperature goal.
It is therefore indispensable to reduce the trillions of dollars in counterproductive subsidies that inflict environmental damage, as shown by a recent report by the World Bank Group — “Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies”. Direct government expenditures in three environmentally damaging sectors — subsidies for agriculture, fishing, and fossil fuels — now amount to $1.25 trillion annually. Nonsensically subsidizing fossil-fuel consumption, countries now spend about six times what they have pledged to mobilize annually, under the Paris Agreement of 2015, for renewable energy.
Instead, as pointed out by the joint IFC-IEA report “Scaling Up Private Finance for Clean Energy in Emerging and Developing Economies,” these resources can be better invested in wiser priorities: increasing renewable energy capacity, expanding the electricity network three- to seven-fold, tripling energy efficiency, facilitating a just transition, and decarbonizing transport, which accounts for 20 percent of energy-related GHG emissions.
With more than half (55 percent) of the world’s population residing in urban areas, and with 2.5 billion people expected to be added to cities by 2050, accelerating the energy transition in cities is a good place to start. Seventy percent of global GHG emissions are generated in cities, while urban air pollution reduces GDP by 5 percent in Emerging Market economies. Developing a green action plan would help government officials prioritize among development projects that could deliver the greatest climate benefits while supporting job creation, and could help them determine which projects are most suited for private investment or public-private partnerships.
The buildings sector accounts for 39 percent of global energy-related emissions. At the same time, the floor area of the global built environment is expected to double by 2060. This is the equivalent of adding a city the size of New York City to the world every month for the next 40 years. Thus, designing and developing new buildings that use electricity and water resources more efficiently, that leverage renewable energy resources such as solar, wind, and geothermal, and that incorporate lower-carbon building materials such as green steel and green cement, would help lock in less energy-intensive buildings for the next few decades.
Of course, redirecting the funds that are currently (and unwisely) spent on fossil fuels will not be enough, especially in Emerging Market economies. We need a solid pool of investable projects to mobilize private capital, especially in low-income countries that are disproportionally affected by climate change. Between $80 billion and $100 billion of concessional financing will be needed annually by the early 2030s to triple clean-energy investments in Emerging Markets.
With time running out, scalable and replicable programmatic approaches or platforms are needed — initiatives that incorporate guarantees and risk-sharing facilities, and that are developed in partnership with commercial banks, institutional investors, and insurance companies. These approaches must harmonize standards, enhance predictability, increase the level of information and understanding of risks by commercial financiers, bring down costs, and foster investments and new local industries.
The challenge can seem overwhelming, but successful examples abound. The International Finance Corporation — the private-sector arm of the World Bank Group —has financed more than 22 gigawatts of renewable energy and has certified more than 65 million square meters of building area through its EDGE (Efficient Design for Greater Efficiency) Green Building program. Looking forward to COP28, IFC aims to engage with development partners to raise blended concessional finance and expand our cooperation with new private-sector partners and investors, aiming to accelerate and scale-up the adoption of clean technologies.
Diep Nguyen-van Houtte is Senior Manager for Climate Business at the International Finance Corporation (IFC). She is based in Washington, DC.
Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de Medio Ambiente y Ciencia en EFEnoticias y EFEverde
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde.
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