Tomé conciencia de ello gracias a un coleccionable sobre Barcelona publicado por un diario. Allí estaba: una foto del frente litoral de Barcelona, a finales de los 70. Una gran playa, en la que yo, nacida una década antes, no me había bañado nunca porque estaba muy contaminada, entre otras, por las emisiones de ERCROS en Badalona, las aportaciones del río Besòs y las propias aguas negras y grises de la capital. Las barracas del Somorrostro, entre el Hospital de Infecciosos (hoy, el Hospital del Mar), el Bogatell y la fábrica de gas del Arenal eran aún un recuerdo reciente.
Además, una barrera de líneas ferroviarias y de fábricas cerraba el paso directo de la ciudad a la playa. Una línea de costa urbanísticamente muy degradada, para una ciudad que vivía de espaldas al mar.
Pero una línea al fin y al cabo, una gran playa en que las interacciones entre los vientos, las corrientes la carga de sedimentos (lo que se conoce como dinámica litoral) le daba un lugar entre los ecosistemas que, aunque muy alterados por las actividades humanas, conservan le sus características estructurales naturales.
Todo esto cambió cuando, con los Juegos Olímpicos, Barcelona se propuso recuperar el frente litoral sin que en ningún momento la conservación de la dinámica litoral estuviera en la lista de los criterios a seguir. Al contrario: se decidió crear el Puerto Olímpico, que sencillamente rompió la unidad cerrando el paso a la arena hacia las playas de la Barceloneta. La multitud de puertos deportivos costa arriba, el descenso de las aportaciones de arena de los ríos por la explotación de áridos, etc. hizo el resto. Repentinamente, hubo que regenerar las playas de Barcelona, que de ser un activo natural contaminado y sin valorizar, se convirtieron en un atractivo turístico de primera magnitud … totalmente artificializado y de carísima manutención. Carísima, tanto desde el punto de vista económico como por el impacto ambiental de los dragados y las regeneraciones, que conllevaron la pérdida, hoy total, de los caladeros de bivalvos de la Cofradía de Pescadores de Barcelona.
Quizás lo más grave es que las obras del Fórum 2004 demostraron que ni desde el Ayuntamiento de Barcelona ni desde la Generalitat se habían aprendido las lecciones del Puerto Olímpico: se optó por artificializar la desembocadura del Besòs por un nuevo puerto deportivo, por comer terreno al mar a pesar de la amenaza de tener que hacerse cargo de las consecuencias: la necesidad de regenerar unas playas aún más precarias. Finalmente, la ministra Cristina Narbona accedió a hacerse cargo económicamente de la “solución final”: la muralla de espigones más o menos sumergidos que definitivamente transforman las playas de Barcelona en un entorno sumamente artificializado. La factura: 33 millones de euros.
En la destrucción del litoral del frente metropolitano de Barcelona, el Puerto merece un capítulo aparte. El impacto de su ampliación comportó desde el desvío de la desembocadura del Llobregat y el relleno del antiguo cauce hasta la desaparición y degradación de los ecosistemas marinos hasta más allá del Prat del Llobregat. Yo misma comprobé que el Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación no contemplaba su impacto submarino – y de hecho, la Autoridad, después de una larga lucha legal, indemnizó con poco más de 2 millones de euros a los pescadores de artes menores de la Cofradía de Barcelona que documentaron cómo habían perdido importantes caladeros de bivalvos y de peces, en una afectación que llegaba hasta las costas de Castelldefels. El acuerdo, alcanzado en 2007, acompañaba a otro por el que la Cofradía se desplazaba hacia los muelles de Baleares y la Dársena de la Industria, dejando el Muelle de los Pescadores libre por qué la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) le pudiera dar usos más lucrativos.
De hecho, en el marco de libre competencia entre los diversos puertos del Estado promovido por el Ministerio de Fomento, la administración portuaria (en el que, no hay que olvidarlo, participan tanto la Generalitat como el Ayuntamiento) no ha dudado en utilizar las modificaciones legislativas que afectan al dominio público portuario – sobre todo la llevada a cabo mediante la Ley de acompañamiento de los presupuestos 2002 – para atraer actividades económicas que la Ley de Costas limita de manera más o menos efectiva, en el dominio público marítimo-terrestre. Así, el Puerto de Barcelona aloja el hotel Vela y, entre otras, las sedes de varias empresas y la futura sede de la Fundación Pasqual Maragall. Además, la ley garantiza a los Puertos del Estado una reserva de territorio a su alrededor para poder crecer.
Marina Port Vell es la culminación de unas políticas de revalorización de la costa empujada por las administraciones basadas en la promoción inmobiliaria y turística: ahora se trata de hacer de los entornos del Moll Vell un barrio de Richistan, el país, al tiempo virtual y globalizado, los megarricos, y así asegurar su presencia en Barcelona. Pero Richistan es un país exclusivo, incompatible con la presencia de los vecinos de siempre de la Barceloneta, la de los pescadores e incluso la de los propietarios de veleros y embarcaciones recreativas de menor tamaño, que verán mermar los amarres disponibles de 413 a 167. La apuesta de los poderes públicos por Richistan es ahora inequívoca. Cabe preguntarse es si este peaje es imprescindible para conseguir que Barcelona siga siendo referente mundial del turismo, o si sencillamente ser ese referente está justificando una expropiación de un barrio olvidado cuando Barcelona aún vivía … “de espaldas al mar”.
Este artículo ha sido publicado por primera vez en catalán, en el número 130 de la revista El Carrer, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, FAVB.
Anna Rosa Martínez
Salvia Team
