Aunque se haya pasado por alto, el pasado 13 de febrero se publicó la nueva “Ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje de la Rioja”.
Esta norma se traduce como una moratoria de facto a la instalación de energías renovables en territorio riojano y fue aprobada con los votos a favor del PP, Vox y Podemos-IU y la abstención del PSOE. Es decir, por casi todo el espectro político.
La norma, per se, no afecta ni a redes de transporte ni al autoconsumo, pero sí a instalaciones de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación, lo que supondrá la paralización total de todos los procedimientos administrativos de otorgamiento de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable.
Hasta entrada en vigor de la Ley de Paisaje
Estas medidas, según indica la ley, se mantendrán hasta la entrada en vigor de la Ley de Paisaje, que todavía se encuentra en proceso de redacción de un primer borrador y el Plan Riojano Integrado de Energía y Clima (PRIEC), en fase de elaboración del estudio ambiental estratégico.
El Gobierno de la Rioja justifica la medida argumentando que el despliegue de energías renovables sin una planificación previa constituye un “elemento distorsionador de los bosques, montes, campos y valles propios de nuestra comunidad autónoma, donde conviven las explotaciones agrarias y ganaderas con los parajes naturales y otros elementos singulares del entorno espacial”.
En el documento, se destacan las afecciones de las energías renovables al paisaje y al turismo, concretamente al enoturismo, así como las actividades agrarias.
Un sector, el del enoturismo, que sigue en crecimiento y que ya deja cifras cercanas a la situación prepandemia con unos 155,5 millones de euros en el año 2022, recibiendo un total de 748.000 visitas.
En el propio texto del Boletín Oficial del Estado se señala que, en la actualidad, se encuentran en estado de tramitación avanzada 68,2 MW de eólica y 779 MW de fotovoltaica, poniendo de manifiesto los problemas actuales con el exceso de proyectos fotovoltaicos y eólicos en tramitación que generan cierta preocupación y rechazo, tanto a nivel social como político.
Al mismo tiempo, tan solo se han añadido 9 MW de eólica y 16 MW de solar fotovoltaica en los últimos 9 años, siendo un indicativo del poco impulso de los gobiernos riojanos durante los últimos años en materia de transición energética.
Quizás, sería bueno también cuestionarse la escasa apuesta renovable durante los últimos años e, incluso, la inexistencia de ordenación territorial y de requisitos para su implantación, cuando era evidente la necesidad de su instalación y aumentaban megavatios ejecutados en otras regiones vecinas.
Por otro lado, el PRIEC ya ha sido criticado por ser insuficiente en cuanto a objetivos, tanto de reducción de emisiones como del incremento de potencia eléctrica con energías renovables.
Cambio de modelo energético
La necesidad y urgencia de la transición energética para la lucha contra el cambio climático y que esta transición debe ir más allá de la instalación de renovables (apostar por un cambio de modelo energético basado en la eficiencia, la electrificación y la democratización de la energía) no pueden ser una excusa para que el despliegue se haga de espaldas a la sociedad y, en especial, a las zonas rurales, ampliamente afectadas por la dejadez planificadora de la administración central.
No obstante, las moratorias retrasan la acción climática y no pueden ser la solución a una década de inacción en el avance de la transición ecológica.
En el caso de La Rioja, desde la Ley estatal de cambio climático y transición energética de mayo de 2021, han tenido casi 4 años para adaptar esa norma a nivel autonómico y desarrollar tanto el PRIEC como la normativa necesaria para generar los requisitos y criterios, tanto ambientales como sociales, necesarios para la implantación.
Esta dejadez e indolencia administrativa ha permitido que las empresas promotoras se hayan aprovechado para el desarrollo descontrolado de proyectos renovables.
De las muchas incertidumbres y riesgos que plantean las moratorias, de esta en concreto destacan cinco:
- ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se vuelvan a instalar renovables en suelo riojano?
- ¿La Ley de Paisaje y el PRIEC solucionarán el problema que han argumentado?
- ¿Recurrirán los promotores al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para reclamar indemnizaciones?
- ¿Tendrá esta moratoria un efecto dominó en otras regiones?
- ¿Nos hemos planteado qué cambios en el paisaje nos traerá el cambio climático o si ya los ha habido?
Por último, es necesario recordar no solo los casos de buenas prácticas, si no los trabajos que van en la línea de apostar por una transición energética justa, equilibrada y socialmente comprometida con los territorios y la biodiversidad.
En este aspecto destaca un reciente informe de Greenpeace, en colaboración con la Fundación Renovables, sobre las buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos.
Este informe pone de relieve la importancia de unas energías renovables respetuosas con las personas y el territorio, además de una batería de propuestas definidas para conseguirlo.
Además, la Red Española para el Desarrollo Sostenible está llevando a cabo un proyecto que se materializará en una Hoja de Ruta, una visión compartida que pretende abordar las controversias que genera el despliegue de las energías renovables en el territorio a través del diálogo y la participación de los principales actores involucrados.
El uso compartido del suelo de la planta renovable con los otros usos anteriores, la participación ciudadana desde el inicio del proyecto, los estudios de avifauna para la eólica o evitar vallados y cimentaciones que impermeabilicen el suelo en la solar fotovoltaica son ejemplos de buenas prácticas que se recogen en estos informes.
Son estas las prácticas que hay que destacar y exigir a los promotores para que el despliegue de las energías renovables sea respetuoso con el territorio y la conservación de la naturaleza.
La transición energética es ese camino en el que a un lado están las urgentes necesidades de abandonar los combustibles fósiles e instalar renovables y al otro las necesidades y preocupaciones sociales de los territorios donde se instalan.
No podemos perder la oportunidad de descarbonizar nuestra economía, generar riqueza y atraer empresas pioneras, al mismo tiempo que luchamos contra el cambio climático y seguimos ganando soberanía energética.
La dificultad está en caminar por esa línea cada vez más delgada por la necesidad de la acción climática.
Y, como funambulistas de circo, debemos ser conscientes del equilibrio necesario para llegar al otro lado, del vértigo que produce ver donde estamos, pero teniendo la certeza y firmeza de avanzar en la dirección correcta.
(*) Diego Ferraz es miembro del equipo técnico de la Fundación Renovables.
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