Las subvenciones perjudiciales a la pesca ponen en peligro el océano y los medios de subsistencia. Por (*) Ingrid van Wees

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(*) Ingrid van Wees, vicepresidenta de finanzas y riesgos del Banco Asiático de Desarrollo y miembro de “Leading Women for the Ocean”. Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los de la autora y no reflejan necesariamente la política o la postura oficial del Banco Asiático de Desarrollo.[/box]

El progreso no llega lo suficientemente rápido para las poblaciones de peces del mundo. Las especies básicas como el atún, el mero y el pargo no son las únicas que se enfrentan a una explotación pesquera insostenible en muchas partes del mundo, sino que el aumento de la temperatura de la superficie del mar y la acidificación de los océanos están dañando los hábitats costeros que sirven como viveros insustituibles para estos y otros muchos recursos marinos.

Por desgracia, el último informe del IPCC deja claro que las temperaturas seguirán subiendo durante décadas, incluso si se estabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Los científicos afirman que la medida más importante que podemos tomar actualmente para proteger las poblaciones de peces es acabar con la sobreexplotación.

Sin embargo, cada año los gobiernos gastan unos 22 000 millones de dólares en subvenciones destinadas a ampliar la capacidad pesquera de sus flotas. Puede parecer de sentido común acabar con el apoyo a actividades que constituyen una amenaza para una fuente esencial de alimentos para miles de millones de personas, pero las subvenciones a la pesca parecen seguir la misma lógica contradictoria que otros dilemas del patrimonio mundial, como el cambio climático, con el que las naciones siguen buscando satisfacer sus intereses individuales a corto plazo a pesar del daño que causan al planeta.

Al igual que en otros casos, los actores clave (y los potenciales impulsores del cambio) son las grandes economías desarrolladas y en desarrollo, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, India y China. En los últimos 50 años, las potencias pesqueras del norte global invirtieron mucho en la construcción de sus flotas pesqueras, lo que provocó un fuerte descenso de las poblaciones.

Hoy en día, las potencias pesqueras emergentes, como China e India, sostienen que tienen el mismo derecho a invertir en la creación de la capacidad pesquera necesaria para alimentar a sus pueblos. Sin embargo, dado que las poblaciones de peces próximas a la costa de todo el mundo están en declive, la flota mundial ha entrado en una dura competición en alta mar y en cualquier lugar donde queden poblaciones pesqueras. Según las propias palabras del doctor en biología marina Daniel Pauly, nos encontramos lamentablemente ante una «carrera hacia el fondo».

Puesto que los barcos viajan cada vez más lejos y pescan a mayor profundidad, este tipo de actividades son cada vez más caras. De hecho, algunos economistas estiman que la mayoría de estos desplazamientos solo resultan rentables gracias a las ayudas estatales. En muchos casos, el impacto negativo recae en los Estados costeros en desarrollo, que tienen una capacidad limitada para vigilar sus aguas. De hecho, algunos incluso han relacionado la sobrepesca con el aumento de los problemas de seguridad, como la piratería en el cuerno de África. En Somalia, por ejemplo, los pescadores expulsados por los arrastreros de pesca ilegales extranjeros se vieron obligados a buscar alternativas y algunos se unieron a las milicias y a los jóvenes desempleados que secuestran barcos para pedir rescates.

La mayoría de los países pequeños no pueden permitirse ayudar a sus industrias pesqueras a competir en alta mar y deben hacer frente a inmensas presiones de las flotas extranjeras por los derechos de pesca. Como parte de una innovadora colaboración para proteger sus pesquerías, medios de vida e ingresos, un grupo de pequeñas naciones insulares del Pacífico se unieron como partes del Acuerdo de Nauru para ayudar a garantizar que las flotas extranjeras no sobrepasaran los límites biológicos de las poblaciones de atún.

Además, poco o nada de las subvenciones se destina a apoyar la transformación y la venta, trabajos que suelen realizar las mujeres. Las subvenciones no se limitan a perjudicar a las poblaciones de peces, sino que también agravan la desigualdad de ingresos y de género. En Vietnam, los hombres son los mayores beneficiarios directos de las subvenciones existentes, ya que son los que pescan, son los dueños de los barcos y los que poseen las empresas y negocios de pesca. El sector de la transformación –en el que las mujeres y los jóvenes representan la gran mayoría de la mano de obra– no recibe ningún tipo de subvención. Las subvenciones no solo perjudican al océano, sino que afianzan las profundas desigualdades que limitan las oportunidades de las mujeres.

Probablemente no sea casualidad que las negociaciones de la OMC hayan avanzado tanto como lo han hecho este año, a pesar de los retrasos y los obstáculos planteados por la pandemia de la COVID-19. En marzo, Ngozi Okonjo-Iweala, economista y exministra de finanzas de Nigeria, se convirtió en la primera mujer y africana en ser nombrada directora general de la OMC.

Desde el principio, ha dado prioridad a las negociaciones sobre subvenciones y ha prestado especial atención a las sensibilidades históricas, políticas y económicas. Bajo su liderazgo, las partes han manifestado su apoyo al proyecto de texto, que se centra en poner fin a las subvenciones a quienes se dedican a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a las subvenciones aplicadas a las poblaciones sobreexplotadas y a las que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca.

Un análisis realizado por The Pew Charitable Trusts concluyó que la eliminación de todas las subvenciones perjudiciales podría dar lugar a un aumento del 12,5 % de la biomasa pesquera en todo el mundo para 2050, lo que supone casi 35 millones de toneladas métricas de pescado o tres veces el consumo total de África en un año. Asimismo, se cumpliría por fin el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 14 de las Naciones Unidas, que lleva mucho tiempo sin cumplirse.

No obstante, los observadores más experimentados advierten de que la consecución de un acuerdo unánime entre los 164 miembros del grupo depende de las naciones a las que se concedan exenciones para que apoyen a sus flotas: las grandes potencias pesqueras o las naciones costeras pequeñas y pobres. El temor es que, si se deja la puerta abierta a las lagunas y a las amplias exenciones, las conversaciones fracasarán o el acuerdo final carecerá de integridad y eficacia medioambiental.

Tal vez los representantes gubernamentales de la OMC podrían considerar la adopción de un compromiso que beneficie a toda la humanidad: cualquier subvención y exención restante debe destinarse a inversiones en gestión pesquera, educación y organizaciones comunitarias que promuevan la sostenibilidad y la igualdad de acceso a los beneficios de los recursos marinos. Se trata de una idea que todo el mundo debería estar dispuesto a respaldar.

Fotografía principal: Recurso de archivo @arturolarena para @cdoverde de @efeverde

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Race to the Bottom: harmful fishing subsidies jeopardize the ocean and livelihoods

[box type=”shadow” ]Ingrid van Wees, vice president finance and risk at the Asian development bank and member of the “Leading Women for the Ocean”. The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Asian Development Bank.[/box]

After over two decades of intense negotiations, the World Trade Organization (WTO) finally seems poised to tackle harmful fisheries subsidies when it meets next week.

Progress can’t come soon enough for the world’s fish stocks. Not only do staple species like tuna, grouper, and snapper face unsustainable fishing pressure in many parts of the world, rising sea surface temperatures and ocean acidification are damaging coastal habitats that serve as irreplaceable nurseries for these and many other marine resources.

Unfortunately, the latest IPCC Report makes it clear that temperatures will continue to climb for decades even if greenhouse gas emissions are stabilized. Scientists say that the most important step we can take now to protect fish stocks is to end overexploitation.

Yet each year governments spend around $22 billion on subsidies that are designed to expand the fishing capacity of their fleets. It may seem like common sense to end support for activities that threaten an essential food source for billions of people, but fisheries subsidies seem to follow the same contradictory logic as other global commons dilemmas, like climate change, where nations pursue their individual short-term interests in spite of the damage it causes the planet.

Here, as elsewhere, the key players (and potential game changers) are large developed and developing economies, such as the European Union, United States, Japan, India, and China. Over the last 50 years, fishing powers from the Global North invested heavily in building up their fishing fleets, resulting in a steep decline of stocks.

Today, emerging fishing powers like China and India contend that they have the same right to invest in building the fishing capacity needed to feed their people. But with nearshore stocks around the world in decline, the global fleet has entered into stiff competition on the high seas and wherever fish populations remain in what marine biologist, Dr. Daniel Pauly, woefully calls a “race to the bottom.”

With ships traveling farther and fishing deeper, the operations have become more and more expensive. In fact, some economists estimate most of these trips are only profitable because of state support. In many cases, the impacts fall on coastal developing States, which have limited capacity to monitor their waters. Some have even linked overfishing to the rise of security challenges, such as piracy in the horn of Africa. In Somalia, for example, fishers muscled out by illegal foreign fishing trawlers were forced to find alternatives with some joining militias and unemployed youth to hijack vessels for ransom.

Most small countries can’t afford to help their fishing industries compete offshore, and can face immense pressures from foreign fleets for fishing rights. In an innovative collaboration to protect their fisheries, livelihoods, and revenues, a group of Pacific small island nations joined together as Parties to the Nauru Agreement to help ensure foreign fleets stay within the biological limits of tuna stocks.

Moreover, little if any of the subsidies go to support processing and sales, jobs typically performed by women. Not only can subsidies damage fish stocks, they also exacerbate income and gender inequality. In Vietnam, men are the biggest direct beneficiaries of existing subsidies, as they are the ones who fish, own the boats, and have fishing businesses and companies. The processing sector — where women and youth represent the vast majority of the workforce — does not receive any subsidies at all. Subsidies not only harm the ocean, they entrench deep inequalities that limit the opportunities of women.

It is probably no accident that the WTO negotiations have progressed as far as they have this year, in spite of delays and obstacles posed by the COVID-19 pandemic. In March, Ngozi Okonjo-Iweala, an economist and Nigeria’s former finance minister, became the first woman and African to be named the WTO’s director general.

From the start, she has prioritized the subsidies talks and paid special attention to the historic, political, and economic sensitives involved. Under her leadership, parties have signaled support for the draft text, which focuses on ending subsidies to those found engaging in illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, subsidies applied to overfished stocks and those that contribute to overcapacity and overfishing.

An analysis by The Pew Charitable Trusts found that eliminating all harmful subsidies could result in a 12.5 percent increase in fish biomass worldwide by 2050—nearly 35 million metric tonnes of fish or three times Africa’s entire consumption in one year. It would also finally realize the long-neglected UN Sustainable Development Goal #14.

But veteran observers warn that winning unanimous agreement among the group’s 164 members hinges on which nations are granted exemptions to support their fleets—large fishing powers or small and poor coastal nations. The fear is if the door is left open for loopholes and wide exemptions, the talks will collapse or the final deal will lack environmental integrity and effectiveness.

Perhaps, WTO trade representatives could consider a compromise that would benefit all humanity: any remaining subsidies and exemptions must be directed at investments in fisheries management, education, and community-based organizations that promote sustainability and equal access to the benefits of marine resources. That’s an idea the whole world should be willing to get behind.