En plena ola de calor y con el precio de la luz en máximos, Iberdrola y Naturgy decidieron vaciar embalses, dejando municipios sin agua, para producir energía a menor coste aprovechando la subida de la tarifa eléctrica. Esta actuación, que es previsible pueda repetirse en las próximas semanas, ha puesto de relieve una vez más el gran negocio de las hidroeléctricas, que especula con un bien público como el agua.
Esta situación se ha producido porque la Ley de Aguas y la ordenación del mercado eléctrico europeo permiten mantener este sistema de gestión que está perjudicando al bolsillo del consumidor, la sociedad y la naturaleza.
Esta actuación ha supuesto que el Gobierno haya abierto expedientes informativos contra ellas por el vaciado del embalse de Ricobayo, en Zamora, que en apenas unas semanas bajó del 60% de capacidad a apenas un 11%, y de cuatro embalses gallegos, los de Belesar, Salas, Portas y Cenza.
El negocio de las hidroeléctricas consiste en producir energía que les sale barata para venderla a precios altos.
Esto es posible porque las hidroeléctricas ya tienen amortizada su inversión, pues se han pagado en gran parte con dinero público; y por otro, porque no pagan las externalidades derivadas de su impacto en ríos y ecosistemas.
También por el funcionamiento del mercado de energía.
El gas natural es la principal razón que potencia un precio tan alto de la hidroeléctrica, y está tan alto - llegó a alcanzar los 128,8 euros el megavatio hora (MWh)- principalmente porque la demanda ha crecido mucho este año y porque el precio de los derechos de emisión de CO2 han crecido.
En España y Europa, el mercado opera bajo un sistema marginalista, en el que todas las tecnologías reciben el precio que marca la última central que permite casar oferta y demanda en una subasta horaria que se celebra con un día de antelación.
Las hidroeléctricas se aprovechan de esta coyuntura para poder poner precios tan altos como los del gas natural, y, ofertar a un precio alto para maximizar sus beneficios, dado que sus costes están ya amortizados.
Si no se cambia esta legislación comunitaria y mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, las hidroeléctricas van a seguir abusando con los precios.
De hecho, este sistema ha permitido a las hidroeléctricas fijar los precios de la luz el 75% de las horas más caras del año.
Lo que deben entender estas empresas y las administraciones es que los ríos no son una batería con un botón de encendido y apagado para poner en marcha las turbinas de un embalse.
Los cambios bruscos de caudal y temperatura que generan tiene numerosos impactos sobre todo el ecosistema.
Los caudales ecológicos son imprescindibles para proteger los ríos, humedales y acuíferos.
El objetivo no solo es establecer un “mínimo”, sino el caudal suficiente que se asemeje lo más posible a las variaciones naturales al que está adaptado hace decenas de milenios.
A pesar de que existe la obligatoriedad de establecer caudales ecológicos en todos los embalses, las administraciones apenas garantizan una aplicación medianamente rigurosa en la práctica.
Además, los valores mínimos - establecidos por la Planificación Hidrológica- son tan bajos que permiten a los sistemas de explotación mediante concesión acumular enormes cantidades de agua embalsada a costa de suprimir las funciones ecológicas de los ríos.
En cambio, en verano durante el desembalse para la explotación hidroeléctrica impactan por lo contrario.
Esta situación se ha venido repitiendo año tras año, y a pesar de las reiteradas denuncias y propuestas de las organizaciones ecologistas, ha sido ignorada.
El agua es un bien público y su uso debe servir al interés de todos y no solo de unos pocos.
Por ello, desde WWF, creemos necesario modernizar la Ley de Aguas para lograr una revisión de las concesiones de agua a las compañías hidroeléctricas en toda España, sancionando su incumplimiento y reduciendo su volumen para adaptarlas a las necesidades de la cuenca al completo, empezando por el abastecimiento a poblaciones y los ciclos naturales de los ríos.
Por otro lado, debemos transitar hacia un nuevo modelo de consumo eléctrico sostenible, y lograr que en 2030, el 100% de la electricidad final consumida en España provenga de fuentes renovables, priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como la eficiencia energética a través de un menor y mejor consumo.
(*) Alberto Fernández es Doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y compagina su puesto actual de profesor de enseñanza secundaria con su actividad dentro del Programa de Agua de WWF en España, organización medioambiental a la que pertenece desde hace 24 años.
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