El saqueo del agua subterránea es un problema cada vez más grave y alarmante en nuestro país. Una práctica ilegal y muy extendida por las expectativas que crea el apoyo de la política agraria al regadío, en detrimento del secano, y a un modelo de consumo de alimentos cada vez más intensivo que aumenta las demandas de agua, suelo y recursos.
Socialmente aceptado y políticamente amparado por la inacción y permisividad durante décadas de las distintas administraciones, el robo de agua de los acuíferos está conduciendo a muchas zonas de España al suicidio hídrico. Un delito que, además, se ampara en la opacidad y la alarmante falta de información que impide saber cuánta agua se extrae realmente, lo que dificulta la planificación correcta del uso del recurso más importante para el bienestar de nuestra sociedad.
Quizá porque no se ven, las aguas subterráneas son las grandes olvidadas de la gestión y planificación hidrológica en nuestro país. Esta circunstancia, junto con una legislación desfasada en algunos aspectos, que no incorpora el conocimiento científico y técnico acumulado, e insuficiente para enfrentar los retos de las aguas subterráneas, hace que existan grietas en la planificación y gestión de este recurso. Sin embargo, las aguas subterráneas son reservas estratégicas en la región mediterránea porque no solo aportan recursos para el abastecimiento, sino que mantienen ecosistemas acuáticos como ríos y humedales durante la estación seca.
Preocupados por este impacto y con el objetivo de tener un orden de magnitud del problema de la extracción de agua sin permiso, en WWF hemos realizado una investigación en profundidad sobre acuíferos sobreexplotados de España, centrada en el año 2019, que revela el saqueo del agua que está afectando a valiosos espacios naturales que dependen de ellos: Las Tablas de Daimiel, Marismas de Doñana-Aljarafe, Mar Menor y los Acuíferos de Los Arenales. El resultado es demoledor, pues entre las cuatro zonas se ha regado ilegalmente una superficie de unas 88.645 hectáreas que ha supuesto casi 220 millones de metros cúbicos.
A pesar de que la Ley de Aguas exige una concesión administrativa para hacer un uso de las aguas subterráneas, en estos cuatro acuíferos es una práctica bastante generalizada regar con total impunidad parcelas sin contar con permiso para extraer agua. Esto genera una grave situación de competencia desleal hacia los agricultores que cuentan con todos los permisos y que sí están comprometidos con la gestión sostenible del recurso.
Otra de las claves para entender el robo del agua está en que las autoridades responsables no saben cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad para medirla, ni suficientes medios técnicos ni humanos para controlar la extracción de estos recursos subterráneos. Además, la política actual de apoyo a la expansión de cultivos en regadío en detrimento de los cultivos en secano, ha alimentado en muchas ocasiones esta situación porque en sus trámites y autorizaciones para la concesión de las ayudas de la PAC no se requiere justificar la existencia de una concesión en regla.
Asimismo, junto a los efectos negativos sobre los ecosistemas acuáticos que alimentan, el descenso de los acuíferos, combinado con la industrialización de la agricultura, puede suponer un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud. No en vano, conlleva que la concentración de algunas sustancias contaminantes, como los nitratos o el arsénico, sea mayor en el agua a medida que aumenta la extracción, llegando a poder limitar la disponibilidad de agua para los hogares.
Por eso, nada frenará el saqueo de nuestros acuíferos si se mantiene la presión actual, no se reduce la superficie de regadío en España y se reorienta este modelo de agricultura que avanza sin freno hacia la intensificación y la insostenibilidad. Esta es la razón por la que desde WWF también reclamamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las comunidades autónomas que cumplan con las exigencias del Pacto Verde Europeo y, especialmente, con las de las estrategias de la Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 2030, justo ahora que está a punto de aprobarse el nuevo Plan estratégico de la PAC en aplicación de la nueva Política Agraria Comunitaria 2023-2027.
Es urgente también que el Ministerio de Transición Ecológica modifique la Ley de Aguas, amplíe las plantillas y aporte los recursos tecnológicos necesarios a las autoridades del agua. De igual forma, debe terminarse con la descoordinación para lo que las autoridades del agua, minas y agricultura, deben compartir sus datos sobre el control del uso del agua y la tenencia de derechos o los permisos de sondeos de investigación con el fin de evitar el fraude en las ayudas y declaraciones de la PAC. Por último, se debe finalizar el procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales y sancionar a quienes se saltan la ley poniendo en riesgo el futuro de toda la sociedad.
Ahora que se inicia el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2021-2027, reclamamos al Gobierno una acción contundente y eficaz acorde con la gravedad de este delito. Un problema tan extendido como consentido en nuestro país y que atenta contra la naturaleza, contra nuestra seguridad hídrica en un escenario de mayor sequía debido al cambio climático y que, además, supone un agravio para aquellos agricultores y agricultoras que sí cumplen con todas las normas para hacer un uso racional de los recursos públicos de nuestros acuíferos.
(*) Teresa Gil. Responsable del Programa de Aguas de WWF
Foto principal: Recurso de archivo @arturolarena para @efeverde
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