Durante años, hablar de sostenibilidad empresarial fue, sobre todo, hablar de compromiso. Eso era lo que se esperaba de las compañías: incluir el clima en la conversación, incorporar políticas medioambientales, identificar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios y asumir públicamente que el negocio no podía vivir de espaldas a los límites del planeta.
Ese paso fue imprescindible, pues sin compromiso no hay dirección posible. Pero ese tiempo ha terminado.
En un contexto marcado por la emergencia climática, la transformación regulatoria y una mayor exigencia de información por parte de inversores, administraciones y ciudadanía, ya no basta con declarar una intención. La cuestión es convertirla en objetivos, decisiones, inversión, medición y resultados.
O, dicho de otro modo, evolucionar del querer hacer al saber hacer.
El ciclo 2020–2025 que reflejan los informes Comunicando el Progreso apunta en esa dirección. En este quinquenio, muchas compañías han situado el medioambiente más cerca del centro de la estrategia. Pero los datos también muestran una verdad incómoda al evidenciar que el avance no se produce al mismo ritmo en todo el tejido productivo.
Para entender dónde estamos, conviene recordar de dónde venimos. En 2020, el medioambiente ya aparecía como una de las áreas más trabajadas por las empresas analizadas. Las grandes compañías habían empezado a normalizar sus compromisos climáticos: un 77% de las empresas del IBEX 35 y un 75% de las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial declaraban contar con compromisos de reducción de emisiones de CO2.
En paralelo, la economía circular comenzaba a consolidarse en el ámbito de las cotizadas: un 86% reportaba medidas en esta materia.
El paso decisivo ha sido entender que la diferencia está en la capacidad real de ejecutar. Es decir, en pasar de anunciar metas de reducción a integrarlas en la planificación financiera, vincularlas a indicadores de desempeño y trasladarlas a la cadena de valor. Ahí se produce el salto cualitativo de los últimos años.
Es decir, cuando la sostenibilidad deja de ser una presentación de iniciativas y se convierte en una forma de gestionar riesgos, recursos y desempeño.
En 2022, esa evolución empezó a hacerse más visible. Las empresas del IBEX 35 reforzaron su aproximación a la acción climática: el 94% contaba con una política medioambiental, el 89% evaluaba los impactos del cambio climático y el número de compañías con objetivos aprobados por Science Based Targets alcanzó el 37%. El foco se desplazó del “tenemos un compromiso” al “tenemos un objetivo con base científica, comparable y verificable”.
El listón de lo que se considera progreso ha subido. Hoy se exige rigor: criterios científicos, datos consistentes, comparabilidad y trazabilidad. No es un capricho metodológico, sino la respuesta a un escenario en el que el cambio climático deja de ser solo un riesgo reputacional y pasa a ser también físico, financiero y operativo.
Los datos más recientes confirman esa madurez. En 2025, el 70% de las empresas españolas analizadas ya cuenta con políticas formales para mitigar los efectos del cambio climático y el 72% ha puesto en marcha acciones para prevenir sus riesgos. Entre las compañías del IBEX 35, el 97% ha integrado el cambio climático en sus políticas medioambientales, el 100% mide sus emisiones y el 60% cuenta con objetivos de reducción validados por terceros.
También se consolida la economía circular: el 96% de las empresas implementa acciones para reducir los residuos derivados de sus operaciones.
En paralelo, el reporting ha dejado de ser un trámite para convertirse en palanca de transformación. La nueva ola regulatoria europea encabezada por la CSRD y los estándares ESRS, junto con la maduración de los marcos de reporte, está cambiando las reglas del juego.
En 2025, el 55% de las empresas españolas verifica total o parcialmente la información que reporta en sostenibilidad, por encima de la media europea y global. Medir ya no sirve solo para contar lo que se hace, sino para ordenar decisiones, detectar brechas y sostener la credibilidad.
Pero no conviene edulcorar el diagnóstico. Las grandes compañías, especialmente las cotizadas, han ido por delante en la formalización de políticas, la medición de impactos y la adopción de marcos más exigentes. En cambio, para muchas pymes el reto sigue siendo convertir la voluntad en procesos internos, indicadores y recursos que permitan sostener el cambio.
Si queremos que la transición sea completa, debe extenderse al conjunto del tejido productivo.
El gran aprendizaje de este ciclo es doble. Primero, que la sostenibilidad debe estar en el núcleo de la gestión, no en el perímetro. Segundo, que requiere capacidades y recursos. Sin acompañamiento, existe el riesgo de que se convierta en una ventaja competitiva solo para quienes pueden permitírselo, dejando al resto rezagado en un momento de exigencia regulatoria y de mercado crecientes.
La sostenibilidad empresarial entra en una fase más útil que permite anticipar riesgos, ganar resiliencia, acceder a financiación, responder a clientes e inversores y reforzar la competitividad. El compromiso sigue siendo imprescindible, pero ya no es distintivo. Lo que separa a unas empresas de otras es su capacidad de llevarlo a las decisiones del día a día, a la gobernanza y a la cuenta de resultados.
Conviene decirlo con claridad. Los datos muestran consolidación y un avance que ya no es marginal, pero el contexto climático y regulatorio no se conforma con ir en buena dirección.
La verdadera diferencia no estará entre hacer o no hacer, sino entre gestionar la transición a medias o tomársela en serio: entre empresas que miden su progreso en titulares y empresas que lo miden en toneladas, inversiones y plazos.
Ahí se jugará, en buena medida, la frontera competitiva de los próximos años.
Cristina Sánchez es directora ejecutiva Pacto Mundial ONU España.
Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.
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