Invertir en infraestructura resiliente: una urgencia para América Latina y el Caribe

Por Dalila Gonçalves, directora regional de la UNOPS para América Latina y el Caribe, y Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDRR

Menos de dos minutos bastan para perder una vivienda y, con ella, el esfuerzo y los ahorros de toda una vida. Viviana Gil lo sabe. El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia destrozó el apartamento donde vivía desde hacía 16 años y cuya última cuota había pagado unos meses antes, según relató al diario El Tiempo. La historia de Viviana no es un caso aislado: se repite en miles de hogares de América Latina y el Caribe.

Este 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres nos recuerda que la resiliencia empieza en casa. Para UNOPS y UNDRR, ese lema llama a los gobiernos a definir una agenda concreta: revisar cómo se planifican, construyen, financian y mantienen nuestras viviendas. América Latina y el Caribe necesita invertir en protegerlas para evitar que su reconstrucción absorba recursos que podrían destinarse a cubrir otras necesidades prioritarias.

Protegerlas es posible, porque las consecuencias de terremotos y huracanes dependen, en gran parte, del terreno que se ocupa, de la calidad de las construcciones y de los materiales, y del cumplimiento de las normas: decisiones en las que inciden gobiernos, constructoras y población. En una región donde el 21% de la
población vive en asentamientos informales, la autoconstrucción por falta de recursos amplifica el riesgo.

Una vivienda construida sin conocer el suelo, ampliada sin asesoría o sin mantenimiento acumula una vulnerabilidad que puede pasar inadvertida por años.

Lo que pasa inadvertido por años se cobra en segundos y este 2026 la región lo comprobó dos veces. En Venezuela, UNDRR estimó en unos 37.000 millones de dólares los daños físicos directos de los terremotos de junio; 24.000 millones, en edificaciones, viviendas incluidas. En Colombia, el PNUD estima los daños del
terremoto en unos 13.200 millones y cerca del 90% corresponde al sector residencial.

Pero ninguna de esas cifras mide el dolor de quienes perdieron a alguien ni la inseguridad de quedarse sin casa. Tampoco muestran la desigualdad detrás de los daños. Según un reporte conjunto del PNUD y UNDRR, el 20% más pobre de la región representa apenas el 7% del riesgo sobre los activos, pero se le asignan el 37% de las pérdidas de bienestar esperadas.

Estas cifras obligan a mirar también lo que ya está en pie. Las normas sismorresistentes son parte de la solución, pero su existencia no garantiza que se evalúen y refuercen las viviendas ya construidas. No podemos pedir a quienes viven en ellas que esperen al próximo desastre para descubrir su estado.

Y el peligro no viene solo del suelo. En Jamaica, los daños y pérdidas del huracán Melissa equivalieron al 56,7% del PIB de 2024, según el Banco Mundial; y mientras la recuperación continúa, la siguiente amenaza ya se forma.

El desafío climático inmediato: El Niño

En septiembre, el Pacífico ecuatorial, donde se mide El Niño, superó los 3°C por encima de lo normal y alcanzó niveles récord, aun cuando el fenómeno no llega a su pico. La Organización Meteorológica Mundial da por casi seguro que durará hasta febrero de 2027 y advierte de un mayor riesgo de inundaciones, sequías y
calor extremo.

En América Latina esto se traduce en lluvias torrenciales en Ecuador y Perú, y sequías en el Corredor Seco Centroamericano y el norte de Brasil. Para muchas familias, eso significa casas inundadas o calor insoportable en viviendas sin ventilación ni aislamiento.

Aquí la sostenibilidad y la resiliencia van de la mano: soluciones basadas en la naturaleza, como proteger los drenajes naturales o ampliar la infraestructura verde urbana, frenan el impacto de las tormentas y bajan las temperaturas. Construir de manera sostenible es, en esencia, construir para perdurar.

Más allá de la vivienda: la red de servicios

Una casa puede seguir en pie y ser inhabitable si deja de llegar el agua, o quedar aislada si cae el puente que la une al hospital y la escuela. Por eso, los Principios para la Infraestructura Resiliente de UNDRR proponen considerar obras y servicios como un sistema: identificar dónde puede fallar el conjunto y cómo evitar que
una interrupción desencadene otras. Esa planificación debe hacerse con las comunidades, prestando especial atención a las voces de quienes sufren de primera mano los problemas causados por la falta de buena infraestructura. Escucharlas ayuda a decidir algo difícil: dónde reconstruir.

En Costa Rica, estos principios sirvieron de base para definir los criterios de resiliencia de las obras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), que se financia con un préstamo de 700 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y contempla más de 450 intervenciones en carreteras, puentes, escuelas y viviendas, entre otras.

Con asistencia técnica de UNOPS a las instituciones ejecutoras y el acompañamiento de UNDRR, los criterios de resiliencia se aplican desde la planificación y licitaciones hasta el control de calidad en la obra. Un riesgo detectado debe traducirse en una exigencia de diseño, quedar en el contrato y comprobarse durante la
obra. Ese es el paso clave para que la protección prevista se materialice.

Experiencias como esta siguen siendo la excepción. Según la Coalición para la Infraestructura Resiliente a los Desastres (CDRI), las pérdidas anuales esperadas por desastres solo en la infraestructura de América Latina y el Caribe alcanzan los 58.000 millones de dólares al año. Aun así, la prevención recibe muy poco:
menos del 1% de la ayuda oficial al desarrollo que llegó a la región entre 2005 y 2021 se destinó a reducir el riesgo, y en países como México y Brasil esa partida no llega al 0,3% del presupuesto nacional. Es un mal negocio: según estima el informe Lifelines del Banco Mundial, cada dólar invertido en infraestructura más resiliente en países de ingresos bajos y medios genera, en promedio, cuatro de beneficio.

El obstáculo está en el arranque: la infraestructura resiliente cuesta más al inicio, y esa inversión es la que muchos países no pueden asumir solos. Buena parte del Caribe, clasificada como de ingreso medio o alto, tiene acceso limitado a financiamiento concesional, aunque un solo huracán puede llevarse más de la mitad
de su PIB, como le ocurrió a Jamaica con Melissa. Por eso pedimos a las instituciones financieras internacionales y a los donantes condiciones que reconozcan la vulnerabilidad de los países, no solo su
ingreso, y que faciliten financiar la prevención.

También los promotores inmobiliarios, constructores y financiadores deben responder por sus decisiones. Quien compra una vivienda merece conocer los riesgos del lugar y la construcción, y su seguridad debe descansar en controles públicos. Para una familia cuyo ingreso apenas alcanza para vivir, reforzar la casa es impensable. Exigir seguridad sin ofrecer ayuda no basta. El crédito para mejoras debe acompañarse de asistencia técnica y subsidios. Necesitamos, además, seguros accesibles y trabajadores capacitados para intervenir las viviendas existentes.

En marzo de 2027, la IX Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres reunirá a los gobiernos en Nassau. Desde UNOPS y UNDRR, les proponemos llegar con presupuestos para prevención y mantenimiento, requisitos de resiliencia verificables en los proyectos y mecanismos que permitan a las
familias mejorar sus casas. Cada compromiso debe indicar quién lo ejecutará, con qué recursos y en qué
plazo.

Viviana terminó de pagar su casa y la perdió en menos de dos minutos. Proteger una vivienda a tiempo es evitar que toda una vida de trabajo se pierda en un instante.

Sobre las firmas

Dalila Gonçalves es directora Regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para América Latina y el Caribe.

Nahuel Arenas es jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFE Verde.

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Este blog de «influencers verdes» fue creado por Arturo Larena y ha sido finalista en los Premios Orange de Periodismo y Sostenibilidad 2023 en la categoría de «nuevos formatos».